Actualizado 25/10/2007 22:20 CET

Salgado dice estar dispuesta negociar las transferencias pendientes pero que esto significa "ceder por ambas partes"

Asegura que un consenso amplio "sólo se puede reformar desde un gran consenso, no con iniciativas unilaterales" y "condenadas al fracaso"

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, manifestó hoy que el Gobierno tiene "la mano abierta" para estudiar y negociar las transferencias del Estatuto de Gernika que se consideren pendientes de realizar. No obstante, precisó que "negociar significa llegar a acuerdos o ceder por ambas partes", y que ciertas singularidades deben ser abordadas "desde la consideración de la lista de los intereses de todos los ciudadanos".

Salgado hizo estas manifestaciones esta tarde en el Ayuntamiento vizcaíno de Barakaldo, a donde acudió con motivo del acto de celebración del 28 aniversario del Estatuto de Gernika, en el que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, los dirigentes del PSE-EE Patxi López, Rodolfo Ares y José Antonio Pastor, además del alcalde de la localidad, Tontxu Rodríguez.

En su intervención, la ministra reprochó que "algunos entienden que negociar es aceptar lo que propone sin discusión una de las partes" y recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido ocho entrevistas con el lehendakari, en las que "no ha eludido ninguna cuestión, incluida la de abordar las reformas estatutarias que plantee la CAV, siempre que estén en el marco de la Constitución, que lleve un gran acuerdo político y que responda al interés general".

Así, manifestó que el Estatuto "sigue siendo el más válido, en tanto en cuanto no se ponga encima de la mesa una reforma del mismo que suscite mayor capacidad de adhesión e integración política del que suscita el actual, fomentando además que Euskadi se continúe construyendo entre todos".

GRAN ACUERDO PREVIO

Según indicó, el Estatuto se ratificó por la sociedad vasca "porque previamente hubo un gran acuerdo entre las fuerzas políticas vascas. Un acuerdo entre vascos que, con posterioridad, mucho sosiego y horas de negociación, se alcanzó también con las instituciones del Estado y este precedente nos marca el camino a seguir".

Por ello, apuntó que el consenso amplio "sólo se puede desarrollar o reformar desde un gran consenso, y no con iniciativas unilaterales". "El entendimiento entre instituciones vascas y el conjunto de España será en todo momento la consecuencia y no la causa del entendimiento entre los propios vascos", precisó.

En este sentido, apuntó que "sobre la base de un amplio acuerdo político y respondiendo al interés general, nadie pondrá frenos a las aspiraciones de la autonomías y a las posibilidades de reforma de sus estatutos".

Elena Salgado explicó que Euskadi puede seguir la misma vía de Cataluña, Andalucía o Valencia si las fuerzas políticas vascas "así lo deciden". "Son los partidos representativos de la ciudadanía vasca los que han de impulsar cualquier proceso de reforma estatutaria, los vascos a través de sus partidos son los que en primer lugar han de poner la palabra. No es el Gobierno de España ni su presidente a quienes corresponde hacer este trabajo", indicó.

CAMINOS EQUIVOCADOS

Por eso, consideró una "equivocación" apostar por caminos que "dejen al margen la legalidad y a los representantes legítimos de la ciudadanía, y empeñarse en fórmulas condenadas irremediablemente al fracaso".

Salgado insistió en que el Estatuto es el "punto de encuentro necesario que requiere el pluralismo de este país" y añadió que el texto de 1979 es "el más idóneo para inserción natural del País Vasco en la España democrática y en la Europa unida, el espacio político en el que los vascos siempre han estado y quieren seguir estando". "No hay que buscar un sitio de Euskadi en el mundo, como reclaman algunos. Ya lo tiene: España y Europa", destacó.

En opinión de la titular de Administraciones públicas, estamos en un momento "histórico en el que debemos superar la fase en la que las relaciones entre el Gobierno de España y los autonómicos basaban su relaciones más en el conflicto que en la colaboración".

Por lo tanto, resaltó que "Zapatero ha querido encontrar espacios de acuerdo y establecer un clima de normalidad institucional". "Ha querido mejorar los espacios de colaboración entre administraciones, ya que los ciudadanos demandan soluciones a sus problemas y los mejores servicios públicos, con independencia de cuál sea la administración que los preste", concluyó.