San Bartolomé considera la cárcel una imposición y critica los movimientos de tierra previstos para iniciar su construcc

San Bartolomé de Tirajana, 4 Dic. (EP/IP) -

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, todavía espera por una reunión con los responsables de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP) para conocer los pormenores de la segunda cárcel de Gran Canaria, un centro que el organismo estatal ha decidido construir a la entrada del municipio sureño, entre Juan Grande y Castillo del Romeral.

Mientras, la SEIP ya ha convocado el concurso para adjudicar los movimientos de tierra previos al comienzo de las obras de edificación. El presupuesto es de casi cuarto millones de euros y el plazo para presentar las ofertas expira el próximo 4 de enero. De ahí que la regidora considere la cárcel una imposición y critique el procedimiento seguido para ejecutarla.

"Me parece una falta de respeto muy grave que empiecen a remover la tierra antes de que se produzca ese encuentro", aseguró Torres tras conocer el anuncio del proceso de licitación, cuya finalidad es iniciar los trabajos de la primera fase de construcción cuanto antes. De hecho, las plicas se abrirán el 15 de enero y el acondicionamiento del terreno durará unos 18 meses.

Se trata de una reunión solicitada por la alcaldesa a través del Cabildo de Gran Canaria, que todavía no se ha concretado en el tiempo pese a la determinación unilateral de instalar la prisión en San Bartolomé. "Esto parece una imposición", reconoce Torres, que niega cualquier comunicación oficial ni negociación previa a los planes estatales sobre la ubicación de la nueva cárcel en su municipio.

De ahí el interés de la regidora por entrevistarse con los responsables del proyecto, pues su intención es verificar la decisión tomada por la SEIP y conseguir compensaciones económicas para San Bartolomé, entre otros motivos porque la infraestructura ha sido rechazada por los vecinos, por algunos sectores empresariales y por los propios partidos con representación municipal, según aclara Torres.

Todos se oponen por los hipotéticos perjuicios que una infraestructura de ese tipo puede ocasionar a la imagen turística de la localidad, aunque se trata de una instalación moderna que no tiene nada que ver con los edificios penitenciarios de antaño, además de funcionar en la práctica como revulsivo económico para la comarca por las actividades económicas condicionadas a su puesta en marcha.

En cualquier caso, la alcaldesa sostiene que desconoce los pormenores del proyecto y que ni siquiera se ha notificado al Ayuntamiento la celebración del concurso, un trámite sobre el que no existe obligación al ser una obra de interés público. Y es que para realizar esos movimientos de tierra no es preceptivo solicitar autorización municipal, aunque si se contempla una especie de consulta voluntaria que en este caso tampoco se ha producido.