BILBAO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del PP vasco, María San Gil, calificó de "espectáculo deplorable" la concentración que ayer se celebró ante el Palacio de Justicia de Bilbao cuando fue a declarar el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y afirmó que un Gobierno autónomo, su presidente y "un partido con responsabilidades de Gobierno, no pueden organizar la algarada contra los jueces, la independencia judicial y contra la división de poderes".
En un artículo publicado en el diario 'El Correo', recogido por Europa Press, San Gil afirmó que "nadie le niega a Ibarretxe su derecho a hacer política como él reclama, pero a una dirigente político con responsabilidades de gobierno se le puede, y se le debe, exigir aún más que a un ciudadano corriente".
A su juicio, se vive "en un país donde la anormalidad es la tónica y donde los nacionalistas levantan más la voz por las decisiones de los jueces, siempre que no beneficien a sus intereses, que por los crímenes y los desmanes de ETA-Batasuna".
Para la dirigente popular, la concentración de ayer "es una prueba más de que, quienes nos gobiernan, sólo creen en el sistema para los que les conviene". "Si la Justicia española no es 'su justicia', tampoco debería serlo el resto de las instituciones vascas, muchas de ellas ocupadas por nacionalistas desde hace 27 años", aseveró.
Además, indicó que, "quienes sostienen que Ibarretxe no es un ciudadano más, están defendiendo que el lehendakari está por encima de la Ley, una actitud muy poco democrática que hace ciudadanos de primera y de segunda".
"Es la peor cara del PNV, ese PNV totalitario, que pretende el control político absoluto, incluido el de la Justicia, el privilegio de sus dirigentes y que presiona a los jueces desde las escalinatas del Palacio de Justicia", añade.
San Gil dijo que "Ibarretxe puede mantener su actitud y seguir dando valor de interlocutor político a quien no lo tiene, a una Batasuna ilegalizada que aún hoy sigue sin condenar los asesinatos y justifica la existencia de ETA, pero, al menos, debe saber que sus acciones pueden tener consecuencias jurídicas y penales, y que el Estado de Derecho sigue funcionando con normalidad, muy a su pesar".
