MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de seis asociaciones pertenecientes al ámbito del Derecho, así como 300 magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y profesores de la Universidad y abogados respaldaron hoy un manifiesto en el que critican las medidas de política criminal propuestas por el PP durante la campaña electoral.
Entre los firmantes se encuentran jueces como el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez o el magistrado del Supremo, Perfecto Andrés Ibañez. También figuran vocales del CGPJ como Montserrat Comas o Félix Pantoja, abogados como Manuel de la Rocha, y escritores como Almudena Grandes.
Las asociaciones que suscriben el escrito son Jueces para la Democracia, la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, el Grupo de Estudios de Política Criminal, el Sindicato de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Fiscales.
El manifiesto denuncia la utilización de propaganda dirigida a "deformar la percepción social del riesgo generado por alguna clase de delincuencia y a crear un injustificado clima de alarma". Acusa al PP de buscar de este afecto al "tratar de persuadir a la ciudadanía" de que existe "un grave problema en la franja de edad comprendida entre los 12 y los 14 años" o que "delincuencia e inmigración son un binomio inseparable".
El escritor destaca que España es uno de los países de la Unión Europea con una menor tasa de delitos y con uno de los índices más altos de personas privadas de libertad.
Critica la difusión de la "falsa idea" de que la delincuencia "tiene un origen legislativo" y se debe a "una supùesta debilidad de la respuesta penal. El manifiesto recuerda que medidas como el Código Penal de 1995 y la Ley de Menores de 2000 "aún no han alcanzado su mayoría de edad".
"Postular la reforma de las leyes para que los menores de 14 años puedan ser sancionados penalmente es una propuesta envilecedora que nos sitúa al margen del aludido patrimonio constitucional", indica el escrito que añade que este hecho supone reconocer que "no se está en disposición" de desarrollar políticas pública para la protección y desarrollo de los niños.
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