MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado aprobó hoy, con la oposición del PP y el PNV, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevé la continuidad del presidente y vicepresidente del alto tribunal hasta la renovación de magistrados, así como que las Comunidades Autónomas puedan proponer candidatos a través del Senado. La propuesta de veto del PP y el PNV al proyecto de ley fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, subrayó que el proyecto de reforma de la ley del TC está encaminado a "facilitar la labor del Constitucional, aumentando las garantías y otorgando las herramientas para que el alto tribunal pueda desarrollar su labor con mayor agilidad" y pueda desbloquear su actual colapso.
Para el ministro, el texto remitido por el Congreso cumple con "todos los objetivos que se habían propuesto", ya que introduce mayores garantías para la realización de la labor del alto tribunal y consagra su supremacía en las funciones que le fueron encomendadas", evitando así cuestiones de jurisdicciones.
En cuanto a las novedades de la norma, destacó las mejoras procesales tanto en lo que se refiere al recurso de amparo, especialmente en lo relativo al trámite de admisión y a su resolución por parte de las secciones para descargar de trabajo a las Salas, así como a los recursos de inconstitucionalidad.
En su intervención en el Pleno, el ministro celebró que la norma prevea que las comunidades puedan proponer candidatos a través de la Cámara Alta, a la que le corresponde la elección de cuatro magistrados, lo que consideró "un precepto adecuado a la lógica política del sistema autonómico". "Esto significa participación de las partes en las instituciones comunes", expuso.
PROPUESTA DE VETO DEL PP
El portavoz del PP en el Senado, Carlos Gutiérrez, defendió la propuesta de veto de su partido a la reforma de la ley del Constitución, que se fundamenta en la oposición de los populares tanto a la ampliación del mandato del presidente del alto tribunal hasta la renovación de magistrados como a la propuesta de candidatos por parte de las comunidades.
Sobre la primera cuestión, criticó que se pretenda "forzar" el momento adecuado para la renovación de magistrados e insistió en que "las instituciones del Estado se tienen que renovar cuando toque". Por el contrario, señaló, "los miembros de ese órgano institucional u otro actuarán con la misma legalidad y legitimidad", en referencia también a la actual composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato concluyó en noviembre.
"La renovación es voluntad de los magistrados y no se debe de imponer mediante una norma. Dejen que los magistrados tengan sus propias competencias. No vale la pena hacer tantas intervenciones", apostilló.
Respecto a la propuesta de candidatos por los Parlamentos Autonómicos, el senador popular denunció que esta medida "restringe" la capacidad de elección de la Cámara Alta, puesto que "estará sujeta a los nombramientos" que presenten las Comunidades Autónomas.
Siguiendo la misma línea que en anteriores ocasiones, Gutiérrez volvió a defender la necesidad de introducir al texto la previsión del recurso previo de los estatutos de autonomía, con el objetivo de que éstos no entren en vigor sin el previo pronunciamiento del alto tribunal.
MAYOR CAPACIDAD AL SENADO
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Mario Mansilla, defendió la legalidad de la elección de magistrados del TC por las comunidades e hizo hincapié en que el Senado es una cámara de representación territorial.
"Actualmente, el Senado representa más a las provincias que a los territorios. La ley propiciará mayor capacidad territorial al Senado. La elección de magistrados por las comunidades no tiene ninguna tacha constitucional", espetó.
Asimismo, Mansilla se mostró contrario al recurso previo, ya que, en su opinión, "significaría convertir al Constitucional en la tercera Cámara", habida cuenta de su autorización para que "una ley entre en vigor".
NORMAS FORALES: "COMPLEJAS"
El portavoz del PNV, Joseba Zubia, que expresó que su grupo se siente "engañado", expuso que el veto de su grupo se basa en la falta de compromiso por parte del PSOE acerca de la protección jurídica reclamada por los nacionalistas vascos sobre las normas forales fiscales que emanan del Concierto Económico.
Frente a ello, Mansilla reconoció que existe "un problema con las normas forales" de las Juntas Generales, pero insistió en que se trata de una cuestión "compleja" porque debe tener "encaje constitucional". "No ha habido engaño, ni mala fe en esta cuestión. Hemos intentado buscar una solución que valga jurídicamente", aseguró.
Por ello, expresó la voluntad de los socialistas de seguir manteniendo las conversaciones con el PNV para llegar a un acuerdo al respecto y pidió a Zubia la retirada de la propuesta de veto presentada por su grupo a la reforma de la ley del Constitucional.
