MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Senado ha aprobado este martes una enmienda que corrige la reforma del Código Penal de junio del pasado año y suprime el apartado que establecía que los delitos de calumnia e injurias prescribirán al cabo de un año.
Esta rectificación la ha planteado el PSOE en la Cámara Alta como enmienda a la reforma de la Ley Electoral destinada a impedir que Batasuna y sus herederos puedan aprovechar los subterfugios de la legislación para 'colarse' en las instituciones y ha salido adelante con el apoyo del PP.
Socialistas y 'populares', impulsores de esa iniciativa en el Congreso, habían previsto que tanto esta proposición de ley como la que revisa la Ley Electoral en su conjunto pasaran por el Senado sin enmiendas para no dilatar su publicación y asegurarse de que ambas reformas entrarán en vigor antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo.
Ahora, dado que previsiblemente la enmienda también salga adelante en la votación de la proposición en el Pleno de la próxima semana, el texto tendrá que volver al Congreso para su ratificación, lo que retrasará su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta reforma del Código Penal ha sido introducida en forma de Disposición Final en la reforma de la ley electoral, aunque el propio senador socialista que ha defendido su presentación, José Luis Vallés, ha reconocido que no tiene mucho que ver con el objeto de la iniciativa.
LA REFORMA PENAL CONTRA TERRORISTAS, PEDERASTAS Y CORRUPTOS
En concreto, la enmienda introduce cuatro correcciones a la reforma del Código Penal que se aprobó en junio del pasado año y que, entre otros objetivos, buscaba castigar más a terroristas, pederastas y corruptos y creaba nuevos delitos el de piratería, el acoso laboral e inmobiliario y el tráfico de órganos humanos.
Tres de esas correcciones tienen carácter técnico pero uno de ellos habla de suprimir el párrafo que determinaba que los delitos de calumnia e injuria prescribirán al año, una excepción a la norma general de prescripción a los cinco años que introducía aquella reforma para la mayoría de delitos comunes.