MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El próximo lunes 18 de junio prestará declaración ante el Tribunal Supremo el senador del PP y presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, después de que el pasado 23 de marzo esta institución admitiera a trámite la querella presentada por la fiscalía en su contra, al entender que existían indicios de que podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos.
El alto Tribunal asumió entonces la competencia de la investigación al tratarse de un aforado y nombró ponente del caso al magistrado Julián Sánchez Melgar, quien será el encargado de tomar declaración al senador.
En la querella del fiscal se imputaba a Cacharro un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental y se afirmaba que "se ha recogido gran cantidad de elementos de convicción que ponen de manifiesto que Cacharro, en su calidad de presidente de la Diputación provincial de Lugo, impartió órdenes y autorizó los pagos ilegales que son objeto del proceso".
El ex fiscal jefe de Lugo Jesús Izaguirre --que desde el pasado mes de septiembre está al frente de la Fiscalía de Vitoria-- formuló en su momento una petición de suplicatorio para solicitar a las Cortes Generales la autorización para que pueda procederse penalmente contra Cacharro, que cuenta con inmunidad por su condición de senador.
Las pesquisas dirigidas por el fiscal Izaguirre provocaron que también fuesen imputados el interventor de la Diputación de Lugo, José Carlos Rodríguez Andina, y los otros vicepresidentes de la Diputación de Lugo: Julio Álvarez Núñez (alcalde de Quiroga), Antonio Muíña Pena (alcalde de Friol) y Luis Rego Valcarce (regidor de Mondoñedo), y la diputada Fe Rodríguez Rocha (ex alcaldesa de Lourenzá).
Según las investigaciones, entre los ejercicios de 2001 y 2004, recibieron dietas por diversas cantidades por acudir al Pazo de San Marcos, sede de la Diputación de Lugo. El fiscal entendió que la percepción de estas cantidades es ilegal porque los diputados no contaban con dedicación total o parcial a sus tareas, de forma que sólo podrían cobrar por su asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados o por los gastos ocasionados por ejercer sus funciones.
En el escrito de la acusación fiscal, Izaguirre apuntaba que el Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, establece que "es competencia del presidente de la Diputación Provincial ordenar todos los pagos que se realicen con fondos provinciales".
