Sevilla dice que el Gobierno "aplica" el Estatut, pero que no quiere "una multa por exceso de velocidad"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró hoy que el Gobierno "aplica" el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, "pero tampoco queremos una multa por exceso de velocidad", ironizó, porque "es una norma compleja". "Queremos hacer las cosas bien antes que hacerlas deprisa", afirmó.

Sevilla respondía así a la acusación de que el Gobierno ha levantado "el freno de mano" en el desarrollo del Estatut que le hizo hoy el diputado de CiU Jordi Jané, durante el debate en la comisión de Administraciones Públicas del Congreso de esta mañana.

Según Jané, el Ejecutivo "no se cree el Estatut y no lo aplica" y además "va en una senda de invasión competencial", sobre lo que aseguró que existen al menos dos "ejemplos": el proyecto de ley del suelo, que regula sobre patrimonios públicos de suelo, competencia de la Generalitat, y el decreto de demarcaciones notariales y registrales, que ha creado un registro en Bañolas cuando la competencia "exclusiva", dijo el diputado, es también catalana.

"¿Quién controla en su ministerio que los proyectos no colisionan con los estatutos?", fue una de las varias preguntas de Jané. "Nos tememos que no lo controla nadie y nos va a llevar a una colisión importante en un futuro próximo", advirtió. "Ustedes no se creen la letra del Estatuto", concluyó el diputado de CiU.

El ministro aseguró que el "balance" desde la aprobación de esta ley orgánica es a su juicio "satisfactorio" aunque "pueda haber situaciones que exigen más reflexión, porque algunos preceptos del Estatuto no son tan claros y nítidos como ha querido presentar el portavoz de CiU y requieren hablar y discutir".

Respecto a los conflictos entre normas, Sevilla repasó ante la comisión la creación de un grupo de trabajo, en el seno de los órganos creados en cumplimiento del Estatut, para prevenir conflictos mediante el intercambio de proyectos legislativos.

El responsable de la cartera de Administraciones Públicas volvió a defender hoy las posibilidades que ofrece a las relaciones entre administraciones la ley de participación, colaboración y cooperación que prepara su ministerio. Según avanzó hoy, en ella se regularán las Conferencias de Presidentes, las conferencias sectoriales y comisiones bilaterales, los convenios de colaboración, los planes y programas conjuntos y los consorcios.

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Acerca de la reforma de la financiación autonómicas sobre la que también le preguntó el diputado de CiU, el ministro reiteró que el Ejecutivo quiere buscar un acuerdo para cambiar el modelo después de las elecciones de mayo.

"Es intención del Gobierno llegar a un acuerdo político en esta legislatura. Es necesario hacerlo, todas las Comunidades Autónomas han manifestado quejas respecto al actual modelo, la insuficiencia, los mecanismos", expuso.

Relató que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se solicitó a las CCAA que presentaran propuestas "y sólo Cataluña y Andalucía se han manifestado con documentos por escrito". "Pasadas las próximas elecciones, el Gobierno sí apretará un poco más el acelerador para intentar llegar a un acuerdo político dentro de esta legislatura", insistió.

"SE REFORMARÁ EL ESTATUTO, NO LA CONSTITUCIÓN"

El ministro compareció hoy en el Congreso para responder a una pregunta del diputado del PP Julio Padilla, quien se interesaba por el entendimiento entre el Gobierno central y el catalán sobre los contenidos del Estatuto. Padilla alabó el "espíritu de consenso" expresado por el ministro al comienzo de su gestión, "la llamada a la cogobernanza", pero le dijo a Sevilla que el conflicto "es parte de la relación política".

El diputado defendió en este contexto el derecho del PP a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut y criticó alguna interpretación de que si el Alto Tribunal da la razón a los recurrentes, se reformará la Constitución.

El ministro le respondió que el conflicto es "inherente" a la discusión sobre el reparto de competencias. "Yo no niego el conflicto, niego una visión de la política que hace del conflicto el eje de su ser", agregó, para insistir en que la conflictividad entre gobiernos continuará "porque es muy difícil pensar que no haya interpretaciones diferentes sobre una ley".

En cuanto a las consecuencias de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut, el ministro afirmó que en caso de que el Tribunal encuentre fallos en algunos aspectos de esta ley orgánica, "es evidente que se va a reforma el Estatut y no la Constitución".

Jordi Sevilla criticó por último el "relativismo moral" y la "incoherencia" a su juicio del PP respecto a los estatutos, por recurrir el catalán y aprobar el andaluz con aspectos "idénticos". "Tengo derecho a expresar que es incoherente que en función de quién haga las cosas están bien o están mal y no quiero entrar en otros ejemplos", concluyó.