CIUDAD REAL, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
En su Asamblea General mundial, celebrada en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Societé Internationale de Defense Sociale (SIDS) --que preside el profesor Luis Arroyo-- reclamó hoy apoyo a la moratoria mundial de la pena de muerte y la completa ratificación del convenio ONU contra el empleo de mercenarios.
Asimismo, expresó en sendas resoluciones, su "honda" preocupación por la persistencia de viejas y nuevas amenazas a la vigencia internacional de los derechos humanos; representadas por la existencia, aún en nuestros días, de la pena de muerte en numerosos países del globo, así como por la nueva amenaza representada por el incremento del reclutamiento, contratación y empleo de tropas mercenarias en conflictos armados en los cinco continentes.
El presidente de la SIDS y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo, recalcó que "la moratoria mundial contra la pena de muerte debe ser unánimemente respaldada, como primer paso hacia su completa abolición mundial, mientras que, en la cuestión de los mercenarios, reclamamos igualmente de la comunidad internacional un mayor compromiso en la lucha contra este fenómeno, así como una mayor ratificación de la Convernción ONU de 1989 en la actualidad únicamente ratificada por 28 países".
En referencia a la pena de muerte, según informó el profesor Arroyo, la Asamblea General de la Societé Internationale de Defense Sociale, movimiento internacional en pro de la promoción de una política penal humanista, expresó en su XV Congreso internacional "el unánime apoyo a dicha propuesta de moratoria mundial contra la pena de muerte, como un paso más hacia su completa erradicación de la tierra".
"De hecho, el número de países abolicionistas de facto, se ha incrementado hasta los 130, y numerosos textos internacionales como la Carta Europea de Derechos Humanos incorporada al proyecto de Constitución Europea la prohíben expresamente. E incluso entre los países que mantienen la pena de muerte se constata una paulatina reducción del número de ejecuciones", señaló su presidente.
Lo lamentable es que "ésta se aplica en la actualidad en numerosos países alrededor del mundo, incluyendo los EEUU y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque en la Unión Europea la pena de muerte constituye una reminiscencia remota y frecuentemente resulta expresamente prohibida en sus constituciones".
De hecho, hoy mismo 28 de septiembre de 2007, por iniciativa de Italia y Portugal, con el respaldo de Romano Prodi y de 55 premios Nóbel a instancias del mismo, se abordará una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 95 países firmantes de la petición de moratoria con la intención de dar lugar a su aprobación en sede de Naciones Unidas.
USO DE MERCENARIOS.
La actividad mercenaria y el fenómeno de cesión estatal de funciones militares a empresas privadas de seguridad ha experimentado un fuerte aumento a lo largo de los cinco continentes. Así, los grupos de trabajo de la SIDS, la propia Asamblea General de Naciones Unidas y distintas organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando las nuevas situaciones de impunidad en la violación de los Derechos Humanos, ante la ausencia de un sometimiento a las reglas del Derecho Militar nacional e internacional.
Dicha actividad mercenaria, y sus riesgos para la vida y los derechos humanos, se ha hecho especialmente evidente en Irak dónde su gobierno acaba de pedir enérgicamente a EEUU la salida de su territorio de los casi 55.000 mercenarios actualmente subcontratados por su ejercito.
"La especial inhumanidad de situaciones como la relativa al reclutamiento de menores de edad y nuevos desafíos, como el uso fraudulento de filiales con personalidad jurídica en un país, que ofrecen sus servicios en otro y reclutan su personal en un tercero, constituyen hoy motivos de honda preocupación para la Sociedad Internacional de Defensa Social", sentenció su representante.
Por todo esto, "conscientes de nuestra responsabilidad como organización científica consagrada a una política criminal humanista, queremos unir nuestra voz a la de Naciones Unidas y los restantes organismos internacionales para recordar, una vez más, la urgencia de una plena ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios hecha en 1989 y apenas ratificada por 28 estados", concluyó Arroyo.