Uno de los 'grapo' que perpetró el atentado dice que Silva dio la orden de actuar pero que no especificó ni donde ni contra quien
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ex miembro dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande recomendó hoy "asistencia psiquiátrica" al fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso después de que éste elevase a definitiva su petición de 30 años de cárcel para el terrorista, al que acusa de dar la orden en 1990 de atentar contra el coronel retirado de Infantería Manuel López Muñoz como respuesta a la negativa del Gobierno socialista de Felipe González de negociar con la banda la reunificación de sus presos.
"Está visto que este hombre necesita asistencia psquiátrica por manipular la verdad", dijo Silva Sande al representante del Ministerio Público en su turno de última palabra en la que además denunció que su nombre tenga que estar implicado en todos los juicios por acciones cometidas por los GRAPO. "No entiendo por qué el nombre de Silva Sande tiene que estar en todos los juicios que se siguen en la Audiencia Nacional contra los GRAPO, ya no va a hacer falta que me traigan porque ya estoy condenado", ironizó.
Antes de eso, en su primera declaración, el ex miembro de los GRAPO contestó a las preguntas de su abogado y el fiscal negando haber dado la orden de atentar contra el militar ya que, según explicó, en ese momento ya no formaba parte de la banda terrorista. Los hechos tuvieron lugar en mayo de 1990 cuando, según el fiscal, Silva Sande participó en calidad de dirigente en una reunión celebrada en Perpiñan (Francia) junto a los miembros de la banda, ya condenados por estos hechos, Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero Vega.
En la reunión se acordó que si el Gobierno de España no accedía a negociar con la banda la reunificación de sus presos que se encontraban en la cárcel, los GRAPO asesinarían al coronel Manuel López Muñoz, destinado en Valladolid. Bajo estas instrucciones, Vázquez y Romero se desplazaron a la ciudad vallisoletana, instalándose en un piso franco de la banda donde ya se encontraba la también condenada Olga Oliveira. Según la Fiscalía, todos ellos esperaron a que Silva Sande diese la orden de asesinar al coronel.
ASESINADO EN UNA CAFETERÍA.
El atentado se produjo finalmente el 15 de junio de 1990 a las ocho de la mañana en la cafetería 'Estribos' donde Vázquez y Oliveira esperaron armados a que el militar saliese de su casa, a pocos metros del establecimiento. En el momento en el que Manuel López se encontraba a la entrada de la cafetería, Vázquez se acercó a él y le asestó dos disparos en la cabeza provocándole la muerte en el acto.
Así lo relató hoy en el juicio como testigo una mujer que se encontraba ese día en la cafetería y que recordó como, tras los disparos, Oliveira --que todavía se encontraba en el interior de la cafetería-- salió corriendo y gritando "¡Ya está!" hasta un lugar en el que esperaba la también terrorista María Jesús Romero. Al día siguiente, los GRAPO reivindicaron el atentado por medio de un comunicado que enviaron desde Francia al periódico 'Las Provincias' de Valencia.
En la vista, que se celebró en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también declaró como testigo el propio Guillermo Vázquez Bautista, quien reconoció que Silva Sande dio la orden de actuar después del fracaso en su intento de negociar con el Gobierno, pero matizó que "no señaló ningún objetivo concreto".
"ME DIJO QUE A MI AIRE".
"Él nos dijo que había que hacer algo con un militar pero no nos dijo quien ni en que pueblo", dijo. "Él no nos dio ninguna información, me dijo que a mi aire", recordó Vázquez, quien explicó que la decisión de atentar contra el coronel Manuel López en Valladolid fue suya.
Por su parte, los peritos aseguraron haber encontrado huellas de los terroristas Vázquez y Oliveira en las tazas de la cafetería 'Estribos' y que las armas halladas en el piso franco de los GRAPO de Valladolid coincidían con las utilizadas en otros atentados de la banda en Gijón, Valencia y Zaragoza.
El juicio quedó visto para sentencia después de las exposiciones finales del fiscal y la defensa, quienes interpretaron las declaraciones del ya condenado Vázquez Bautista. Así, el representante del Ministerio Público consideró "acreditado que Silva Sande dio la orden de actuar y que "sin su participación no se habría asesinado al coronel".
Por ello le considera autor del atentado y pide para él una pena de 30 años de cárcel por un delito de atentado con la agravante de premeditación y reincidencia. Además solicita que indemnice conjunta y solidariamente con el resto de condenados a los herederos del coronel con 240.404,84 euros (40.000.000 pesetas).
Por su parte, el letrado de Silva Sande pidió la libre absolución del preso después de que no haya quedado probado que su defendido diese la orden expresa de asesinar al coronel.
