Aseguran que la petición "pretende crear un clima de miedo" a nueve días de la huelga general
BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU han criticado este martes la petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de prisión y 5.400 euros de multa para los 18 imputados por realizar un piquete en la localidad vizcaína de Gernika, durante la huelga del 27 de enero de 2011 en protesta por la reestructuración del sistema de pensiones.
En una rueda de prensa conjunta en la sede de LAB en Bilbao, los portavoces sindicales Ainhoa Iturbe (EHNE), Patxi Aguirrezabala (ELA) y Jabi Garnika (LAB) han considerado que "no es casualidad" que la petición de la Fiscalía se produzca a una semana larga de la huelga general prevista para el 29 de marzo, y han señalado que la misma "pretende crear un clima de miedo" ante esta movilización.
Según ha explicado Iturbe, una de las imputadas por los incidentes que según la Fiscalía derivaron en atentado contra el derecho de los trabajadores y en un pinchazo de las ruedas de un vehículo, la Policía autonómica retuvo a las 18 personas que participaban en el acto "durante dos horas, impidiendo así la labor informativa del acto reivindicativo".
Los imputados prestaron posteriormente declaración ante el juez y "un año después, en vísperas de una huelga general, nos llega la petición del fiscal", que ha solicitado una pena de cárcel de tres años y nueve meses para cada uno de los imputados, además de una multa de 5.400 euros por persona y una "inhabilitación especial" durante el mismo tiempo para todos los acusados.
Iturbe ha indicado que el hecho de que está decisión les haya sido remitida nueve días antes de la huelga general "nos lleva a pensar que se pretende influir sobre la gente con un mensaje de miedo", más aún cuando las peticiones fiscales son realizadas "de forma no individualizada, como por ley debería, sino de manera colectiva".
"Es curioso que nos acusen a 18 personas de empujar a un trabajador que no secundaba la huelga y también que todos nosotros agujereáramos las ruedas de un vehículo, mientras que el delito que pesa sobre nosotros no es el de coacción, sino el de atentar contra los derechos de los trabajadores", ha apuntado, para añadir que el objetivo de la petición de la Fiscalía es "criminalizar todos los sectores que propongan alternativas al actual sistema económico y social".
Por ello, los sindicatos convocantes han recordado que la huelga es un derecho de todos los trabajadores, "al igual que el derecho a un trabajo digno o una vivienda en condiciones", y han solicitado que el proceso judicial abierto quede sin efecto, tanto en las cuestiones de orden penal como económicas planteadas por la Fiscalía.
Además, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración que este viernes, 23 de marzo, tendrá lugar en Gernika en solidaridad con los 18 imputados.
"ATAQUE" AL MUNDO SINDICAL
Por su parte, el representante de LAB Jabi Garnika ha denunciado el "ataque" que está sufriendo el mundo sindical desde el pasado año 2008, tras el inicio de la crisis. A su juicio, se está incrementando la presión hacia lo sindical "desde el capital y las instituciones, sin conformarse con anular nuestros derechos laborales y sociales".
En este sentido, ha denunciado la "imposición colectiva" en referencia a los recortes, mientras que "cuando decidimos protestar y plantear alternativas, se busca el castigo individual para todos los participantes en estos procedimientos".
A su juicio, estas decisiones "buscan aislar socialmente a los colectivos que no compartimos el modelo social y económico que nos quieren imponer", y ha puesto como ejemplo de esta situación los actuales conflictos en Metro Bilbao, Euskotren y Bilbobus.
"Se está tergiversando totalmente la movilización para esconder los motivos reales de las reivindicaciones, para enfatizar al mismo tiempo las consecuencias de las movilizaciones de los trabajadores", ha agregado.
En esta misma línea, el representante de ELA Patxi Aguirrezabala ha señalado que estamos asistiendo a "un proceso de criminalización permanente de la vida sindical, para dejar a los pies de los caballos los derechos de los trabajadores".
DECRETO SERVICIOS MÍNIMOS
Para Aguirrezabala, este "proceso de criminalización" responde a "una estrategia orquestada, con procesos judiciales y multas permanentes" que, a su juicio, tendrá "continuidad" con el próximo decreto de servicios mínimos que prepara el Gobierno vasco.
"Lo hará a pesar de sentencias anteriores que le han quitado la razón al establecer unos servicios abusivos en determinados sectores. Lo van a hacer exactamente igual en lo que será una repetición para silenciar el malestar existente en el mundo del trabajo", ha concluido.
