Publicado 30/04/2020 11:32:43 +02:00CET

El SISEJ considera que la introducción de nuevos procedimientos en el decreto de Justicia sólo añade confusión

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo - MINISTERIO DE JUSTICIA

La UPSJ critica el doble turno y el 'contador a cero' para los procedimientos, medida "antónima" a la agilización judicial

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) considera desacertada la introducción de nuevos procedimientos en el Real decreto-ley para la vuelta a la normalidad de la Justicia ya que "sólo añaden confusión y no suponen agilización alguna". Remarcan que se impone la celebración de vistas en todos los supuestos y no permite que se pueda optar por un trámite exclusivamente escrito.

Se refieren en concreto al procedimiento especial y sumario para poder revisar de forma rápida los regímenes de visitas y el pago de pensiones en casos de padres separados con hijos que hayan podido ver modificada sustancialmente su situación personal y económica -ERTEs o pérdida de trabajo- por la crisis del coronavirus. El decreto también contempla novedades procesales en materia de derecho concursal.

En un comunicado, el SISEJ ha sostenido este jueves que lo más adecuado para hacer frente a la desescalada y a esa 'nueva normalidad' desde la Administración de Justicia es fomentar la conciliación a través de los letrados, sus facultades de derivación a mediación y otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos "que permitan precisamente desjudicializar determinados conflictos en beneficio de la ciudadanía".

En ese sentido, entienden que en la jurisdicción social es fundamental que se realicen conciliaciones anticipadas y previas al acto del juicio por parte de los Letrados de la Administración de Justicia, medida que no se ha previsto en el nuevo decreto impulsado por el Ministerio de Justicia.

No obstante, aseveran que si bien las medidas procesales son "exiguas" confían en que en la segunda fase del plan del ministro Juan Carlos Campo se efectúe una modificación sustancial de las leyes procesales para dar mejor respuesta y agilidad al escenario de la justicia tras la pandemia de Covid-19.

EL CÓMPUTO A CERO

A pesar de estas críticas, desde el SISEJ consideran acertada la medida de poner el cómputo de los plazos en los procedimientos a cero, así como la ampliación de plazos para presentar recursos, porque "redundará en un mejor ejercicio del derecho de defensa del ciudadano y una entrada de escritos más escalonada".

En cuanto a las medidas relativas a la seguridad en el trabajo, ven con buenos ojos el establecimiento de turnos de trabajo porque ayudará a mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, advierten de que queda en el aire conocer como se hará la reincorporación de las plantillas, cómo se va a asegurar el suministro de equipos de protección individual (EPIs) y como se controlará que los actos procesales se efectúan cumpliendo las medidas sanitarias.

Por otro lado, respecto a la habilitación de parte de agosto para el trabajo judicial, lo valoran de forma positiva porque posibilitará compensar parcialmente la suspensión de los procedimientos que está conllevando el estado de alarma, y porque es un "esfuerzo conjunto y responsable que se debe ofrecer a todos aquellos ciudadanos que se han visto afectados y garantizar así que se les dé una respuesta lo más rápida posible".

También consideran acertado que se habilite a los Letrados de la Administración de Justicia en prácticas a que realicen laborales de sustitución y refuerzo, y echan en falta la creación de equipos de refuerzo transversales, tanto de cuerpos generales de la administración de justicia, como de letrados y jueces, porque esto permitiría la celebración de juicios por las tardes, bajo protocolos uniformes y coordinados de señalamientos.

Sobre las medidas de transformación digital, recalcan que son bienvenidas porque son la vía para afrontar la situación actual. "La celebración de actos procesales mediante presencia telemática es una buena medida, pero puede resultar totalmente inefectiva si no se proveen por las Administraciones prestacionales los medios necesarios y si no se articulan protocolos y recursos para gestionar el cambio de unas prácticas decimonónicas a las propias de la era digital", advierten sin embargo.

LA UPSJ: EL MINISTERIO SIGUE SIN ESCUCHAR"

Por su parte, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) se opone a las grandes líneas del decreto aprobado el pasado martes porque "el Ministerio continúa sin escuchar atentamente las propuestas que le remitimos, que se quedan en meros traslados formales".

Comparte con SISEJ que el nuevo sumario creado en el ámbito de familia creará confusiones si no se aclara si será el juez quien deberá documentar en el plazo previsto las sentencias dictadas 'in voce'. Esta "indeterminación de la norma traerá más de un problema a la hora de notificar, publicar, o expedir las oportunas certificaciones y testimonios", dice.

Además, la asociación asegura que le causa "tristeza" que Campo, que en su etapa de secretario de Estado de Justicia impulsó reformas procesales que otorgaron "protagonismo procesal" a este cuerpo de funcionarios, ahora les utilice como una "mera unidad administrativa ante la falta de organización".

Por ello, rechaza la idea de que la norma acuerde establecer dos turnos de trabajo --de mañana y de tarde-- y "nada se diga de solicitar" al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscalía General del Estado que fijen también un régimen de asistencia y turnos similar. "Poco avanzaremos en el trámite procesal si unos u otros no tienen obligación de acudir a las sedes judiciales", advierte.

Asimismo, también subraya que las medidas dirigidas a fomentar las comunicaciones telemáticas no tienen sentido porque el expediente digital "no existe", lo que hace es que siga siendo esencial el contacto con el expediente papel y si no se integra a la Fiscalía en el sistema de notificaciones y presentaciones LexNET.

Por último, la UPSJ dice que tampoco es de utilidad "poner a cero el contador de los traslados iniciados" antes del 14 de marzo porque es una medida "antónima" a la agilización judicial. Explica que esperar 20 días tras el levantamiento de las medidas acordadas por el estado de alarma para volver a iniciar el cómputo, y multiplicar por dos el plazo para interponer los recursos contra resoluciones definitivas son medidas que dilatan la tramitación de los expedientes.

En su opinión, para lograr el objetivo buscado que es que los recursos se presenten de forma escalonada, hubiese sido mejor que los plazos fueran finalizando progresivamente. Según dice la asociación, con la medida establecida, el efecto será justo el contrario: "la entrada masiva y conjunta de tales recursos, porque la experiencia demuestra que los recursos siempre al límite del plazo".

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