CiU y PP proclaman el "fracaso" de la comisión de 'okupas' y ven imposible llegar a un acuerdo antes de las elecciones
BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los socios del gobierno tripartito de Barcelona --formado por el PSC, ERC e ICV-- mostraron hoy sus discrepancias internas sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda pedir una modificación del Código Civil catalán para poder actuar como propietario a la hora de iniciar el proceso para desalojar fincas privadas 'okupadas'.
Las diferencias entre los grupos municipales de izquierda que forman el gobierno municipal se hicieron patentes durante la reunión de la comisión para estudiar el fenómeno 'okupa' en la ciudad, a la que también asistieron los representantes de CiU y PP, en la oposición.
Durante la reunión, se debatió sobre el dictamen realizado por el profesor de Derecho Civil de Esade Sergi Llabaria, que propone la posibilidad de que el Ayuntamiento, a través de una reforma del Código Civil catalán, pueda actuar como propietario y presentarse ante la justicia para llevar a cabo un proceso de desalojo.
Mientras que el PSC defiende esta medida, algo por lo que también abogan CiU y PP, los otros dos socios del gobierno municipal muestran posturas discordantes. Los republicanos sólo defienden la aplicación de esta posibilidad en algunas situaciones, mientras que ICV lo rechaza abiertamente.
A la salida de la reunión, el concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Ferran Julián, se manifestó a favor de esta posibilidad. "Aparte de conseguir los denominados desalojos 'exprés' queremos que el Ayuntamiento esté legitimado para personarse ante la justicia en fincas 'okupadas' sin dueño definido", apuntó.
En el caso de que exista un dueño definido de la finca, Julián aseguró que el Ayuntamiento debería contar con su acuerdo. Sin embargo, para participar en el proceso, el gobierno tendría que "poner unos requisitos" al dueño, como garantizar que una vez recuperada la finca ésta sirva de vivienda, es decir, tener una "función social", añadió.
El edil socialista destacó que en los últimos tres meses, las fincas 'okupadas' en Barcelona se han reducido en un 6% y que desde el pasado mes de enero hasta el 15 de febrero, se han producido unos 30 desalojos en fincas de la ciudad, la mayor parte privadas.
Julián se comprometió a "apretar para que la 'okupación' disminuya al máximo y acabar con este fenómeno", en la línea de la tesis defendida por el propio alcalde Jordi Hereu, y señaló que en las tres próximas semanas la comisión de 'okupas' se volverá a reunir para presentar un informe final, que se presentará al alcalde.
Sin embargo, la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda actuar como dueño en el proceso de desalojo de las fincas privadas no cuenta con el apoyo total de ERC y abiertamente provoca rechazo entre las filas del grupo municipal de ICV.
ICV LO RECHAZA Y ERC SÓLO LO DEFIENDE PARA CIERTOS CASOS.
La portavoz del grupo municipal de ERC, Pilar Vallugera, se manifestó a favor de esta medida únicamente en aquellos casos en los que las fincas 'okupadas' provoquen problemas de convivencia --ruidos, molestias y alteración del orden público-- o que se esté ejerciendo una actividad económica sin la licencia requerida.
Sin embargo, Vallugera rechazó la posibilidad de generalizar esta medida, algo que sí defiende el PSC. "Para el resto de casos, el Código Civil ya tiene elementos suficientes para que el propietario pueda recuperar su propiedad, ya que la relación entre privados está contemplado", sentenció.
Por su parte, el concejal de ICV Ricard Gomà rechazó absolutamente la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda actuar como dueño en el desalojo de fincas, al considerar la medida "paternalista". Según Gomà, "los propietarios ya tienen los instrumentos que les da el Código Civil para reivindicar sus derechos".
Sin embargo, Gomà aseguró que el Ayuntamiento debe poder actuar, incluso dando más instrumentos para expropiar, en aquellos casos en los que las fincas privadas puedan generar problemas de convivencia, algo que ocurre en "pocas" ocasiones, ya que "sólo hay entre diez o veinte casos en esta situación".
CiU Y PP DENUNCIAN LA FALTA DE CONSENSO DEL TRIPARTITO.
Los grupos municipales de CiU y PP aprovecharon nuevamente las discrepancias del gobierno municipal para cargar contra la actuación municipal y proclamaron el "fracaso" de la comisión para estudiar el fenómeno 'okupa', que se constituyó hace más de un año.
El edil nacionalista Joaquim Forn aseguró que la propuesta de llevar a cabo desalojos 'exprés' y de que el Ayuntamiento actúe como dueño en el desalojo de fincas privadas "nacen muertas", porque el PSC "no tiene el respaldo de ERC ni de ICV" y "tampoco ha aceptado nuestro apoyo".
Forn auguró que "no se tomará ninguna decisión antes de las elecciones municipales", debido a las discrepancias internas en el seno del gobierno, por lo que esta comisión, tras un año de trabajo, "no habrá hecho nada de lo que tenía encargado".
En el mismo sentido se posicionó el concejal del PP Alberto Villagrasa, quien denunció la falta de consenso del tripartito municipal y aseguró que "si finalmente no somos capaces de presentar un informe para aprobar en el Pleno municipal, esta comisión habrá fracasado".
Villagrasa acusó a ERC e ICV "de no aportar soluciones" y abogó por que el Ayuntamiento tenga "competencias" para "atajar estos problemas de 'okupaciones' e inseguridad". La falta de consenso puede provocar que la comisión "llegue a un punto muerto" y que "ya no se pueda avanzar más", añadió.
