ERC cree que el voto particular evidencia que el Supremo ha cedido a presiones políticas, especialmente del PP

Carteles para la manifestación a favor de Sortu
EP
Actualizado: viernes, 1 abril 2011 18:46

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Ridao, se ha reafirmado este viernes en que la decisión del Tribunal Supremo de no permitir la inscripción de Sortu como partido responde a "presiones políticas", especialmente provenientes del PP, y que así lo evidencia el voto particular, discrepante del fallo, que han firmado siete de los 16 integrantes de la Sala 61 del Tribunal Supremo.

"La división entre los magistrados y la argumentación del propio voto particular señala que la sentencia no responde a criterios estrictamente jurídicos y que existe una clara presión política", ha comentado Ridao a Europa Press, antes de acusar de nuevo al PP de "volver a utilizar la política terrorista de manera partidista" buscando "un rendimiento electoral.

En este contexto, ha destacado que casi la mitad de la Sala 61 plantea en su voto particular que "las pruebas de la Abogacía del Estado son insuficientes, que el rechazo a la violencia y en particular a la de ETA debería haberse tenido en cuenta y que por tanto, Sortu debería gozar de presunción de legitimidad".

COMPROMETE EL PROCESO POLÍTICO

Por eso, el también secretario general de ERC ha insistido en que el Estado de Derecho debería permitir que esta formación se presentara. Eso sí, "estableciendo todas las cautelas y mecanismos para su persecución legal en caso de que se demostrara un fraude de ley" y que la nueva formación "tiene como objetivo continuar legitimando y financiando la violencia".

"Lamentablemente, la sentencia compromete un proceso político y social, que innegablemente se ha estado produciendo en el País Vasco en los últimos años, de transición al abandono definitivo de la violencia y a la consecución definitiva de la paz", se ha resignado Ridao. A su juicio, aunque "la responsabilidad recae sobre el mundo abertzale", el "Estado español podría y debería -con todas las cautelas- favorecer este proceso, en lugar de torpedearlo, como hace la sentencia".