MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confiado en los Mossos d'Esquadra la vigilancia policial ordenada sobre la presidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, y los otros cinco integrantes de este órgano, hasta que vuelvan a declarar el próximo 9 de noviembre, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Estas fuentes han explicado que ha sido el Ministerio del Interior, en concreto el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el que le ha comunicado al tribunal que por una cuestión de competencias le correspondía a los Mossos llevar a cabo esta función de vigilancia "dentro del marco de absoluta normalidad y de cumplimiento de una decisión judicial".
El Ministerio del Interior asumió el pasado 28 de octubre las competencias en seguridad en Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La primera medida del Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido fue asignar a Ferran López como comisario jefe de los Mossos, en sustitución del hasta entonces mayor Josep Lluís Trapero.
Trapero está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un delito de sedición. Una quincena de juzgados, además, investigan la pasividad de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó impedir.
El pasado 9 de octubre, el TSJC comunicó que desplazaba a los Mossos y otorgaba la dirección en la vigilancia de su edificio en Barcelona a la Policía Nacional. Según el alto tribunal, la orden obedecía a su deseo de "extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento".
La decisión se adoptaba en una creciente desconfianza de los órganos judiciales hacia los Mossos debido a que los mandos de la policía catalana fueron señalados en diversos informes policiales y pronunciamientos judiciales por su presunto alineamiento con los líderes independentistas.
El fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadenas ha solicitado este jueves que los seis integrantes de la Mesa del Parlament investigados faciliten sus domicilios y teléfonos de contacto para estar en todo momento localizables. Esta petición ha llegado justo después de que el Tribunal Supremo haya pospuesto la declaración hasta el 9 de noviembre, a petición de los abogados.
