La supresión del certificado veterinario supondrá un ahorro de 4,6 millones al año a la Administración gallega

Actualizado: sábado, 6 octubre 2007 15:16

Sindicatos y Xunta garantizan la salubridad de la carne a través de otros controles, ya que este se ceñía a un reconocimiento "visual"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La supresión del certificado veterinario, que hoy sale publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministro, supondrá un ahorro de 4,6 millones de euros anuales a la Administración gallega, que asumió el coste de este requisito "hipergarantista" de sanidad animal, imprescindible desde la crisis de las 'vacas locas' en 2001 para que una res pudiese ser sacrificada en un matadero.

Así lo reveló a Europa Press la Consellería de Medio Rural, que recordó que Galicia era la única comunidad en la que el coste de este certificado veterinario, entre 9 y 24 euros por animal, había sido asumido por la Administración autonómica --a través de Tragsateg-- con el objeto de evitar que se incrementasen los costes de producción a los ganaderos.

De igual modo, la Administración gallega pretendía evitar así un agravio comparativo y una situación de debilidad competitiva con el resto de ganaderos comunitarios, debido a que eran los únicos que se encontraban en la obligación de hacer frente a este requisito y su consiguiente coste.

"Ha sido una medida hipergarantista sin equivalencia en la UE", resumieron desde el departamento que dirige Alfredo Suárez Canal, que recordó que, por estos motivos, en el Debate del Estado de la Nación en 2006 se había aprobado una proposición no de ley en la que se instaba a retirar este certificado, cuya aplicación estaba prevista para 2009.

Ante esta desaparición, Medio Rural rechazó que la supresión de este certificado veterinario pueda suponer "algún tipo de duda" sobre la salubridad de la carne de los animales, ya que recordó que todas las reses pasan unos controles sanitarios durante su crianza en una explotación ganadera que, posteriormente, es certificada por los veterinarios del matadero donde se sacrifica, que realizan también las pruebas pertinentes.

GARANTIAS SANITARIAS.

Una garantía sanitaria que también fue confirmada por los sindicatos agrarios gallegos, que revelaron a Europa Press que este certificado se basaba en la mayoría de los casos en una "inspección visual" del animal y tacharon su imposición como una medida "de cara a la galería" en la crisis de las Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), más conocida como la enfermedad de las 'vacas locas', para tranquilizar a la opinión pública con actuaciones "hipergarantistas".

Por estos motivos, las tres organizaciones agrarias gallegas, Unións Agrarias (UU AA), Sindicato Labrego Galego (SLG) y Xóvenes Agricultores (XX AA) valoraron la supresión del certificado, "que era absurdo y no servía absolutamente para nada".

Así lo reconoció el portavoz de Xóvenes Agricultores, Tomás Díaz, cuya impresión fue avalada por el responsable de Acción Sindical de UU AA, Xavier López, quien apuntó que se trataba de un requisito formal basado en una "inspección visual" del animal. "Fue una medida de cara a la galería", resumió la secretaria de SLG, Lidia Senra.

Por ello y ante su "nula aportación de garantía sanitaria", los sindicatos rechazaron que su desaparición pueda provocar algún "temor" en materia de garantía sanitaria de la carne, ya que todos ellos coincidieron en destacar los requisitos y controles a los que son sometidos estos animales durante su estancia en la explotación y que luego es ratificada por los veterinarios de los mataderos.

La secretaria del SLG, Lidia Senra, recordó que la supresión de este certificado es una "vieja reivindicación" del sector a la que se había comprometido el Gobierno desde su llegada a la Moncloa en 2004.

Por ello, valoró que finalmente "sea una realidad" esta medida, que fue a anunciada por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez, quien en su intervención el pasado fin de semana la Fiesta del Campo, organizada por Unións Agrarias en Silleda (Pontevedra), avanzó que el Consejo de Ministros "acabaría" con este certificado, al que calificó de "carga inútil" para los ganaderos.