MÁLAGA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga suspendió hoy hasta noviembre el juicio por delito urbanístico contra el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y el que fuera asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca --todos encarcelados por su presunta vinculación con el caso 'Malaya'--, por no tener éste último abogado para la vista. En esta causa también están acusados otros seis ex concejales y el abogado José Luis Sierra.
Muñoz, Roca y Román --estos dos últimos llegaron esposados juntos-- fueron trasladados desde las prisiones de Jaén, Albolote (Granada) y Málaga, respectivamente, para comparecer en este juicio por la licencia de obras a la entidad Incopromar para la construcción de un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar en suelo considerado como "viario" y destinado a uso público, según el plan urbanístico de 1968.
Roca explicó en la Sala, ante los demás acusados y sus respectivos letrados, que él nombró en abril un abogado desde la prisión y desde entonces "no me han comunicado nada"; pero añadió que hace unos días le llegó una providencia del juzgado diciendo que se nombraba uno de oficio. En ese momento, dijo que se puso en contacto con su procuradora, puesto que el escrito con el nombramiento se había presentado con anterioridad.
La jueza respondió que ese escrito de nombramiento no aparece en la causa y señaló que al personarse la procuradora en el juzgado la pasada semana se dejó sin efecto la designación de un letrado de oficio. Desde el despacho del abogado nombrado por Roca precisaron a Europa Press que "no se ha recibido notificación por parte del juzgado haciéndole saber que ha sido designado como letrado ni preguntándole si acepta esa personación, como marca la ley", y, por tanto, no se le ha dado traslado de las actuaciones.
La Fiscalía de Málaga acusó a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, también imputado en el caso contra la corrupción municipal; Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --que está en paradero desconocido--; y Marisa Alcalá de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide, según las conclusiones provisionales, 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
En ese escrito, el fiscal no acusó a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hacía la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que amplió su escrito de acusación, acusando al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último. Los Verdes e IU también ampliaron su acusación en este sentido.
Para el fiscal, la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997, con Muñoz como presidente accidental, concedió una licencia de obras a la entidad Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, pese a que se trataba de un suelo considerado como "viario" y destinado a uso público, según las normas aplicables del plan urbanístico de 1968.
Como en otros casos, la acusación pública especifica que el permiso se dio "sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que, sin embargo, "no había sido objeto de aprobación definitiva por la entidad supramunicipal competente", es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo, que, de hecho, posteriormente denegó su aprobación.
Por contra, el escrito de la acusación de García Marcos, al que tuvo acceso Europa Press, incluye el convenio de permuta con la empresa, participada por el periodista Antonio Herrero, que, según precisa, había sido negociado, "siguiendo instrucciones y con el visto bueno de Jesús Gil", por el entonces gerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca.
Esta parte entiende que se vulneraron los principios elementales del ordenamiento jurídico con esta operación, que se aprobó "a sabiendas de su ilegalidad", en una comisión de gobierno donde estuvo Román. Posteriormente, el escrito precisa que se otorgó la licencia de obra, pese a haber en el expediente "informes de los servicios técnicos contrarios a tal resolución".
Por tanto, esta acusación pidió para Román, Muñoz, González Carrasco, Jiménez Notario, Calle, Alcalá y Roca la pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación; y solicitó además para éstos --excepto Román-- y para Pomares, Yagüe y el abogado José Luis Sierra otros 10 años de inhabilitación para cargo público y seis meses de prisión.
