Califican de "penoso deber" la recusación y la justifican por la "precedente e inaudita" recusación del Gobierno
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha pedido en el escrito de recusación presentado hoy contra tres magistrados del Tribunal Constitucional que se acumule este incidente con el plantado por el Gobierno contra otros dos magistrados del TC y también solicita que testifique la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas.
Si el presidente "accidental" del TC, el conservador Vicente Conde, accede a esta petición y aborda las cinco recusaciones de forma conjunta se produciría un bloqueo del debate ya que no habría quórum necesario para reunir el pleno, fijado en 8 magistrados.
El incidente de recusación presentado hoy por el PP es contra los magistrados Pascual Sala Sánchez, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes por entender que éstos tienen un "interés directo" en el pleito al haber tenido "conocimiento del mismo y formado su criterio en detrimento de la debida imparcialidad". Los populares, que basan su escrito en sendos artículos periodísticos en los que se relata la reunión de los tres magistrados, piden que se acumule este incidente con el propiciado por el Gobierno contra los magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata.
El PP califica de "penoso deber" el hecho de recusar a unos magistrados del TC y dicen que este incidente está "incitado" por la "precedente e inaudita" recusación de dos magistrados de ese Alto Tribunal por el Gobierno de la nación. Y añaden que "sólo ante tan desmesurada y sin precedentes medida procesal" han actuados ellos.
EL ORIGEN DE LA SITUACION, PROPICIADO POR EMILIA CASAS
Los populares dicen en este escrito, encabezado por Ignacio Astarloa y firmado por otros 65 diputados del PP, que el origen de esta "delicada situación" lo ha propiciado la presidenta del TC, quien, ante la situación creada por la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la que se prorroga su propio mandato y el del vicepresidente, "convocó a los magistrados a sucesivas reuniones para conocer su criterio sobre la misma, obligándoles por tanto a posicionares, sea de viva voz o por escrito, sobre una cuestión de la que después iban a conocer jurisdiccionalmente".
Precisan que la presidenta, en una actitud "insólita", convocó en sucesivas reuniones, durante el mes de junio, a los magistrados, por tercios, en función de la fecha de su nombramiento y a fin de conocer su opinión sobre este asunto. En el caso de los magistrados ahora recusados, la reunión se habría producido el 12 de junio de 2007 y en dicho encuentro en la sede del TC, estos se habrían mostrado "claramente favorables a la constitucionalidad de la reforma" de esta Ley que "ahora tienen que enjuiciar".
Además, apuntan que el magistrado Aragón Reyes habría propuesto que "se difundiera una nota de prensa para dar a conocer el parecer favorable de lo que entendía era la mayoría del Tribunal".
REUNIONES QUE HAN PUESTO AL TRIBUNAL EN SITUACION IMPOSIBLE
Según el escrito del PP, "tales reuniones y las opiniones vertidas en ellas han puesto al Tribunal en una situación imposible: o todos los magistrados están prevenidos y son recusables o no lo es ninguno con independencia del medio que hayan elegido para expresar su criterio o del sentido del criterio del mismo".
Basándose en esta argumentación, los populares piden que, por un lado, testifique la presidenta del TC, María Emilia Casas Baamonde y que, por otro, se acumule el incidente de recusación con el presentado por el Gobierno contra otros dos magistrados por haber expresado su opinión por escrito.
La recusación del PP tiene la misma "estructura y literalidad" de las alegaciones que fundamenta el Abogado del Estado en la recusación contra los otros dos magistrados. Los populares se preguntan si es que hay que "entender de mejor condición el criterio manifestado en adhesión a la reforma legal que el de quienes sustentan la discrepancia".
LOS ARGUMENTOS SON DE IDA Y VUELTA
Dicen, en este sentido que, "los argumentos son de ida y vuelta" y ponen en duda la capacidad de decisión independiente del autor de las recusaciones que preceden a las suyas.
Así y en la línea del Abogado del Estado, consideran que concurren como causas de recusación para Pérez Tremps, Aragón Reyes y Sala las recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: tener interés directo o indirecto en el pleito o causa; haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito y haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto de litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.
Según estas causas, estos tres magistrados estarían privados de "objetividad e imparcialidad objetiva y subjetiva para intervenir en el enjuiciamiento del presente recurso".
Además, el escrito de los populares también adjunta numerosas sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. Una de ellas, de septiembre de 1999, precisa que es causa de recusación "si la opinión ha sido manifestada en la condición de magistrado de este tribunal o antes de haberse adquirido la misma, una vez que el proceso se haya iniciado o resulte probable su inicio o en momentos anteriores al mismo".
De esta forma estaría justificada la recusación aunque la petición de opinión de la presidenta del TC se produjera el 12 de junio, antes de interponerse el recurso contra la modificación parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se produjo el 27 de julio de 2007. En este sentido, argumentan que el anuncio del recurso por parte del PP fue realizado ya en marzo de 2007.
