Terra Mítica.- Las Corts acuerdan trasladar los hechos a la Fiscalía y estudiar si caben medidas disciplinarias

VALENCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Corts Valencianes acordó hoy, a propuesta de su presidente, Julio de España, y con los votos favorables del PP y el voto en contra del PSPV, trasladar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) las actuaciones protagonizadas en la Cámara por los diputados socialistas firmantes de la denuncia sobre comisiones ilegales en Terra Mítica "por si procediera para la averiguación de presuntos hechos delictivos".

Las Corts remitirán a la Fiscalía el escrito aprobado hoy por el PP en la Mesa, acompañado de los documentos acreditativos de la publicación de la denuncia, la transcripción de las grabaciones realizadas en sede parlamentaria a dos empresarios imputados en la causa judicial abierta por una presunta trama de falsificación de facturas en Terra Mítica, el reflejo de las mismas en medios informativos, y una copia de las declaraciones que uno de esos empresarios, Antonio Moreno Carpio, efectuó en el periódico 'El Mundo'.

Además, el presidente de las Corts, Julio de España, anunció en rueda de prensa que se "reserva" la posibilidad de adoptar "medidas internas de ámbito disciplinario", para lo cual, según explicó, ha solicitado un nuevo informe al cuerpo de letrados sobre la capacidad del presidente para aplicar el Reglamento en este sentido por actuaciones dentro de la Cámara, al objeto de determinar si sería posible la aplicación de alguna de las sanciones que figuran en la norma reglamentaria por la actuación de los parlamentarios socialistas José Camarasa y Antoni Such.

De España subrayó que, según los artículos 101 y 102 del Reglamento, existe la posibilidad de acordar una suspensión de empleo y sueldo de hasta un mes para los diputados, una sanción ampliable por acuerdo de la Mesa y del pleno, aunque señaló que la decisión quedará supeditada a ese informe porque no quiere tomar una "decisión precipitada". En cualquier caso, se mostró partidario, y así lo recoge también el acuerdo de la Mesa, de que la próxima reforma del Reglamento defina los usos de una institución que debe ser "sagrada para los valencianos".

IMPLICACION DE LA FISCALIA

El presidente de las Corts señaló que, de las últimas declaraciones realizadas por el empresario Antonio Moreno, se deduce que "hay dinero a cambio de información y eso presuntamente podría ser determinado como soborno", también "se habla de adjudicaciones de obras en situación privilegiada", lo que implicaría un presunto cohecho, "e incluso se habla de cambio de sentencias, y aquí el único que tiene capacidad para negociar una sentencia que yo sepa es el fiscal jefe", por lo que "teóricamente hasta podría haber posiblemente una implicación de la Fiscalía del Estado".

De España señaló que, del informe jurídico elaborado por el letrado mayor sobre las acciones posibles ante la actuación de los parlamentarios socialistas, se pueden extraer, como principales conclusiones, que "el presidente puede sancionar por actos cometidos en las dependencias de la Cámara", que "existen interpretaciones que amparan a los diputados y diputadas ante ciertas actuaciones" e, igualmente, que la doctrina del Tribunal Constitucional "prohíbe" lo que define como "abusos de inviolabilidad" e impide que "la prerrogativa parlamentaria se torne en un prohibido privilegio que pueda lesionar derechos de terceros fundamentales".

De España indicó que cuando se ve afectada la honra de terceros, como, en su opinión ha ocurrido en este caso, "se discute si existe el derecho a la inviolabilidad". Señaló que ante estos hechos "existe sin duda la capacidad sancionadora como presidente", pero remarcó que "no quiere pecar ni por exceso ni por defecto" y agregó que, por esta razón, se ha decidido poner este asunto en manos del fiscal.

Apeló también a que ha hecho lo mismo que planteaba la semana pasada el portavoz socialista, Joan Ignasi Pla, para justificar la actuación de Camarasa y Such, porque, agregó, se ha limitado a dar traslado al ministerio público de unas actuaciones "por si fueran presuntos hechos delictivos que nadie debe amparar ni ocultar a la justicia". De España mostró además su "bochorno" por el "espectáculo" que se está ofreciendo, en su opinión, en la Cámara y consideró necesario "pedir disculpas" a los ciudadanos.

Paralelamente, la Mesa acordó también trasladar al portavoz del PSPV, Joan Ignasi Pla, la "más firme protesta" por la "utilización impropia" de las dependencias de la Cámara. El documento aprobado por el PP en la Mesa fue criticado por los representantes socialistas en el órgano de gobierno. La secretaria segunda, Camen Ninet, lo calificó de "bazofia antidemocrática", según informaron fuentes conocedoras de la reunión.

Por otro lado, De España, en un escrito de respuesta a la petición formal de rectificación que le planteó Pla por comparar la actuación de los diputados socialistas con delitos como el almacenamiento de droga en la Cámara, rechaza que haya violentado prerrogativas parlamentarias, defiende que realizó estas declaraciones "sin ánimo de ofensa alguno" y como "reflexión política hacia las formas de utilización de la Cámara" y lamenta que se le intente "reprender en su libertad de expresión".

Al contrario de lo afirmado por De España, el portavoz adjunto socialista Antoni Such aseguró que el informe elaborado por el letrado mayor es "tajante" y determina que "no hay ninguna ilegalidad" en las actuaciones realizadas. Según dijo, se demuestra que De España "actúa de parte" y que "es un presidente que ha perdido ya toda la posibilidad para ser el presidente que estas Cortes se merecen".

PEON

El parlamentario acusó al PP de llevar adelante actuaciones propias de la "Inquisición", lamentó que el presidente "se haya sacado otro documento" para remitirlo al fiscal, y añadió que, con su "desprecio absoluto a la legalidad vigente", ha demostrado ser "un peón más dentro de la estrategia para evitar responder dónde están los 17.000 millones de pesetas que faltan" en Terra Mítica.

El portavoz de EU-Entesa, Joan Ribó, destacó que el informe jurídico entregado por el letrado mayor no determina que exista "ningún problema" y consideró "grave" que el presidente de la Cámara esté "tomando parte" de forma "irresponsable". Ribó señaló que, igual que una pintada de mayo de 1968 recordaba que "cuando alguien mira la luna, los imbéciles se dedican a mirar la mano", en esta ocasión "el problema no es la mano", sino "lo que pasa en Terra Mítica".

El portavoz del PP, Serafín Castellano, apoyó las actuaciones de De España, y aseguró que está "no sólo en el derecho, sino también en la obligación" de poner en conocimiento del fiscal unas actuaciones que calificó de "prácticas indecentes, indignas y antidemocráticas".

Castellano lamentó que existan "dos varas de medir" en el PSPV, y atribuyó su actitud al "nerviosismo electoral" de Pla. En este sentido, agregó que la única persona sobre la que hay "sombra de dudas" es el representante socialista, porque "no ha dado explicación" sobre los casos Alaquàs y Calp o sobre "la bandeja en Orihuela".