MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha avisado al Parlamento del "riesgo" que entraña para el "futuro" el aumento progresivo de partidos con saldo neto negativo, lo que en el mundo empresarial se considera 'en quiebra', pues si en 2009 había nueve formaciones, al año siguiente ya eran 13 y al cierre de 2011 subieron a 17.
Álvarez de Miranda ha presentado este viernes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización relativo a los años 2009, 2010 y 2011, con el que la institución se ha puesto al día tras años de retrasos en sus exámenes a las contabilidades de las formaciones políticas.
En ese informe se mencionan esa evolución negativa del saldo neto de los partidos y Álvarez de Miranda ha destacado el caso de los nacionalistas catalanes de Unió Democràtica y la coalición CiU, de Izquierda Unida y varias de sus federaciones, sus socios catalanes de ICV, los nacionalistas gallegos del BNG y el Bloc Nacionalista Valencià (integrante de Compromís), todos ellos con un déficit por encima del millón de euros.
A su juicio, este punto es "uno de los aspectos que tienen más importancia" porque indica que la situación "está empeorando" y "por el riesgo que pueda haber en el futuro". El ponente del PP, Eloy Suárez, cree que "determinadas formaciones no se toman en serio" estas advertencias y ha propuesto al Tribunal de Cuentas condicionar el cobro de subvenciones públicas a que las formaciones saneen su balance, pero Álvarez de Miranda lo desaconseja: "No creo que el freno sea una especie de vigilancia del tribunal de cuentas sobre las subvenciones", ha dicho.
En una reciente entrevista con Europa Press, el presidente de la institución fiscalizadora apuntó otra vía: que sean los partidos políticos quienes ajusten su nivel de gastos e inversiones a los recursos (públicos y privados) disponibles. "Es lo que hace cualquier gestor en una situación similar y todos los días los ciudadanos --sostiene--. No se debe vivir por encima de nuestras posibilidades".
UNA LEY REFORMADA EN 2012 Y QUE SE REVISARÁ EN 2014
En su comparecencia, ha cifrado en 275 millones de euros la deuda global de los partidos con entidades financieras al cierre de 2011 y ha repasado una serie de cuestiones que no se ajustan a la ley vigente en ese periodo, la misma que se volvió a reformar en 2012 y que se pretende actualizar el año que viene.
Se trata de donaciones de personas jurídicas insuficientemente documentadas o con empresas que contratan con la Administración, aportaciones de particulares no identificados, operaciones de condonaciones de créditos que convierten a los bancos en contribuyentes del partido, o subvenciones para gastos de seguridad que no se utilizan para ese fin y que habrá que devolver.
Sobre esas operaciones de condonación de créditos, el presidente de la institución fiscalizadora ha explicado que hasta ahora, y a lo largo de los últimos 15 años, las vienen definiendo como "fuente de financiación no contemplada en la ley", pero su tipificación cambiará a partir de ahora porque con la reforma de 2012 ya se puso un límite anual de 100.000 euros y en la futura ley las prohíbe directamente. "Nosotros no podíamos ir más allá de la legislación calificando lo que la propia ley no contempla", ha indicado.
En cuanto a las fundaciones de los partidos, se ha quejado de no disponer de todos los datos sobre sus movimientos, pues sólo se le informe de parte de las donaciones recibidas. De lo examinado, destacan incumplimientos en la contabilidad de aportaciones privadas, donaciones con justificación incompleta y financiación excesiva a través de convenios de colaboración.
LA SOMBRA DE BÁRCENAS
Tras presentar el informe, los representantes del PP, PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han aprovechado para cruzarse reproches sobre sus finanzas. Así, Ricardo Sixto, de IU, ha apuntado que el Tribunal de Cuentas sólo ve lo que le facilitan los partidos, mientras que la justicia está investigando una 'contabilidad B' en el PP o incluso registra su sede nacional por falta de documentación.
El socialista Ciprià Ciscar ha añadido que el problema está en esa supuesta "ocultación" de datos al Tribunal de Cuentas, un "ajuste a la verdad" que para el que es "indispensable" la voluntad de las direcciones de los partidos. "Eso es lo esencial y se resume en que no debe entrar ni salir un euro que no esté reflejado en las cuentas del partido --ha indicado--. Es una exigencia de la ciudadanía que se debe cumplir: Cuentas claras, únicas, ajustadas a la ley, que no han de tener engaño y han de ser austeras".
En respuesta, el portavoz del PP ha acusado a PSOE e IU de hablar "de lo que no hay en el informe" del Tribunal para "tapar sus vergüenzas". "Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio", le ha dicho Eloy Suárez a IU. "El único partido que ha quedado demostrado que tenía contabilidad B y con un tesorero en prisión es el PP", le ha replicado Sixto.
Álvarez de Miranda ha presenciado el cruce de reproches de los tres principales partidos, pero ha declinado participar: "Yo no voy a entrar en un cruce entre partidos. Este asunto tiene para el Tribunal un contenido técnico y su enfrentamiento es esencialmente político", ha comentado.
En todo caso, ha dejado en manos de la Justicia las investigaciones que desarrollan los jueces y ha mostrado su deseo de que, con la ley anunciada para el próximo año, se atienda su eterna demanda para que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social permitan al Tribunal de Cuentas acceder a sus datos para perfeccionar sus fiscalizaciones.