MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz durante el periodo 2000-2004 presentado hoy por el diputado del Grupo Socialista Rafael Román corrobora las irregularidades denunciadas por el PSOE y constata la continuidad de las advertidas ya en el informe de los años 1997-2000.
Durante la presentación de la fiscalización, Román, que estuvo acompañado por el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas, Francesc Vallés, y la diputada por Cádiz Isabel Fuentes, manifestó que durante el Gobierno popular en la Zona Franca gaditana se estableció una "gestión nefasta en lo económico e inmoral lo político". "Un periodo que para todo menos para olvidar", criticó el diputado.
Sin intención de hacer "un juicio paralelo" y para "inducir a que se depuren responsabilidades contables", Román desgranó las irregularidades advertidas por el Tribunal de Cuentas en el Consorcio mientras que tuvo como delegado del Estado a Manuel Rodríguez de Castro, "que tiene pendientes causas por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude, etc.", y durante la dirección de su sucesor, Miguel Osuna, también pendiente de una causa por presunto delito societario.
Así, Román mencionó algunas de las irregularidades que recoge el texto de fiscalización sobre los contratos de la filial de la Red Iberoamericana de Comercio Exterior (Rilco) con Miami Free Zone Management Services Corporation (MFZ) y Telvent Interactiva, en los que la adjudicación de contratos se realizó sin la previa presentación de documentación exigida y sin la valoración de las propuestas económicas.
En este sentido, denunció que cuando el actual delegado socialista del Estado, José de Mier, llega a la Zona Franca y encarga a técnicos de la Universidad de Sevilla informes al respecto, éstos llegan a la conclusión de que el coste de desarrollo del proyecto Rilco en la parte referida a los contratos adjudicados a MFZ y Telvent, se cifra en 1.879.952 euros, mientras que el total contratado y pagado alcanzaba los 6.764.992 euros, un 28 por ciento más. "¿Dónde está ese dinero y quien se benefició de él, por qué se hizo este contrato y por qué se paga tan sustanciosamente?", se preguntó Román.
El diputado socialista también recordó "otra zona oscura", la relativa a los pagos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología hizo al Consorcio y sobre los que el Tribunal de Cuentas "dice que no se cumplieron los requisitos establecidos en la concesión de los anticipos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de que la totalidad del presupuesto financiable se dedicara exclusivamente a aparatos y equipos de compra".
Así las cosas, el diputado socialista se preguntó por qué la presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en aquel momento, Teófila Martínez, "no vio, ni escuchó, ni detectó nada irregular". A ella atribuyó Román "toda la responsabilidad política".
