El Tribunal de Cuentas detecta numerosas deficiencias en el servicio exterior en Roma durante la última etapa de Aznar

El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas deficiencias en la gestión de los presupuestos adjudicados a la representación del servicio exterior de España en Roma durante el ejercicio 2003, según consta en un informe de fiscalización remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento recoge cómo se aplicaron los presupuestos del Estado en las representaciones diplomáticas permanentes ante Italia y la Santa Sede, en el Consulado General en Roma y la Academia de España en la capital italiana y también se refiere a las actuaciones del Ministerio con respecto a la Obra Pía Española de Roma, ente privado sin ánimo de lucro sometido a la tutela del Estado español.

Con respecto a esta última, concluye que la Junta de Gobierno de este órgano, presidida por el embajador de España ante la Santa Sede, no efectuaba "de forma objetiva y transparente" la gestión de los alquileres de sus inmuebles, ya que no se habían acordado previamente los criterios a seguir para determinar el precio y seleccionar los inquilinos.

El informe también sostiene que en 2003 se libraron a las representaciones y a la Academia "algunos fondos con cargo" a programas presupuestarios distintos a los debidos "sin causa que lo justificara". También sostiene que la Academia "incumplió el principio de anualidad presupuestaria al aplicar al ejercicio 2003 gastos" de 2002 y trasladar al ejercicio de 2004 la aplicación de gastos del año anterior.

Denuncia asimismo que los ingresos recibidos por la Academia en concepto de compensación de gastos de estancia y de manutención de becarios (32.834 euros en 2003) "no se transfirieron al Tesoro Público y se destinaron a atender gastos".

También se queja de que la contabilidad del Consulado en Roma y la de la Academia no representaban la situación real de su tesorería en cada momento al no registrar en el oportuno orden cronológico las operaciones realizadas.

Por otra parte, el Tribunal consideró improcedente que en 2003 se emprendiese un importante plan de obras en la Academia, en cuya ejecución se registraron "numerosas deficiencias e incumplimientos de la normativa".

En este sentido, denuncia que la Academia realizara pagos, que en gran parte eran anticipos a contratistas de las obras, "sin contar con consignación adecuada para ello".

También califica de "muy deficiente" el control de los ingresos de manutención de becarios en la Academia, que carecía de sistemas que permitieran determinar los servicios de comedor realmente prestados y los ingresos cobrados.

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS

El informe del Tribunal advierte de que en una de las dos contrataciones temporales de personal laboral efectuadas en 2003 "no se daban las circunstancias extraordinarias necesarias para efectuar un contrato temporal, por lo que se debería haber procedido" a realizar un contrato fijo.

También acusa al Ministerio de haber incumplido la normativa laboral italiana al abonar al personal laboral de Roma una paga extraordinaria "en lugar de las dos establecidas en la normativa vigente desde el ejercicio 2000, lo que tuvo como consecuencia que los trabajadores presentaran numerosas demandas ante los tribunales".

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Tribunal recomienda al Ministerio de Exteriores que "fortalezca el control de los gastos e ingresos de las representaciones en el exterior implantando un nuevo sistema informático del que se obtengan unos estados financieros que representen fielmente las operaciones que realizan y permita verificar en tiempo real sus registros contables".

También le sugiere que el control de los fondos librados a la Academia "se realice en el marco del procedimiento establecido para las representaciones diplomáticas y consulares por la Dirección General del Servicio Exterior.

Advierte asimismo de que se deberían establecer los "adecuados mecanismos de coordinación con las consejerías laborales para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa laboral de cada país" e insta al Ministerio a "impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los alquileres de la Obra Pía Española en Roma se realiza de acuerdo con los principios de objetividad y transparencia".