MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión los contratos de publicidad y comunicación institucional de los ministerios del área político-administrativa del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre los años 2005 y 2007, pues considera que no hubo una planificación correcta, no se justificó la necesidad de formalizar los contratos y se buscó evitar los requisitos de la Ley de Contratos mediante la firma de convenios.
Estas denuncias se unen a las numerosas "deficiencias" que el Tribunal de Cuentas ya detectó en su informe de hace un mes relativo al mismo periodo pero en los Ministerios económicos y sus organismos autónomos.
En aquel informe ya avisaba de "un elevado número de deficiencias e irregularidades" en la justificación de los expedientes de gasto, así como "deficiencias que afectan a numerosos contratos" por insuficiente justificación del objeto del contrato o unos pliegos de cláusulas que no detallan las obligaciones del contratista ni el importe máximo de los gastos de publicidad de licitación.
Es más, el Tribunal de Cuentas puso en evidencia la existencia de contratos menores que parecen responder al fraccionamiento del contrato para disminuir la cuantía y así eludir los requisitos de publicidad.
NO SE HIZO UNA PLANIFICACIÓN CORRECTA
En su nuevo informe, que acaba de enviarse a las Cortes y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, la institución fiscalizadora señala que en los contratos de publicidad de los ministerios políticos del primer Gobierno Zapatero (Defensa, Interior, Exteriores y Justicia, entre otros) "no existió una correcta y completa planificación ni un exhaustivo control de la actividad publicitaria".
Señala asimismo que no llegaron a aprobarse los pliegos de cláusulas administrativas generales para las campañas, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que el propio Gobierno había aprobado en 2005.
Tampoco quedó adecuadamente justificada la "insuficiencia o inadecuación de los medios propios" que aconsejaba formalizar los contratos ni se fijaba en los pliegos particulares de los mismos los criterios de adjudicación ni la forma de acreditar la solvencia del contratante.
CONVENIOS PARA EVITAR UN CONTRATO
Además, pone de manifiesto la utilización de la figura jurídica del convenio de colaboración en materia de publicidad, un mecanismo que según el Tribunal de Cuentas "implicó una elusión de la aplicación de la legislación de contratación pública".
En ese contexto, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda recomienda al Gobierno la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales para los contratos de publicidad, en los que se pueda acreditar la solvencia del contratantes y se fijen los mínimos que han de alcanzarse en cada uno de los medios de difusión.