El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la compraventa de la playa tinerfeña de Las Teresitas

MADRID 23 Nov. (EP/IP) -

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la compraventa en 2001 de la playa tinerfeña de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En un auto hecho público hoy, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, el alto tribunal desestima el incidente de nulidad interpuesto por el Consistorio tinerfeño contra la sentencia dictada el pasado 7 de mayo por este misma Sala que declaró firme la nulidad de la citada compraventa, que había sido invalidada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En su auto, el alto tribunal señala que en su sentencia del pasado mes de mayo no se produjo vulneración alguna del derecho de defensa, tal y como alegaba el Ayuntamiento de Santa Cruz, con respecto a la argumentación que hacía el tribunal en relación con la forma de determinación del precio de los terrenos de la playa, puesto que tanto demandantes como codemandados tuvieron la oportunidad de "contraargumentar -y así lo hicieron- ante la Sala de instancia en los términos que consideraron oportunos".

Respecto a la afectación del derecho del demandado a la tutela judicial efectiva, el alto Tribunal señala que en su recurso, el Ayuntamiento no concreta "cómo se ha infringido" este derecho, por lo que no cabe nulidad al respecto.

Por otra parte, el tribunal utiliza el mecanismo de "subsanación y complemento" de sus sentencia anterior para incluir en la sentencia la declaración de legitimación activa para participar en este procedimiento de la empresa Inversiones Las Teresitas S.L..

ANTECEDENTES.

Con el rechazo por parte del Supremo del incidente de nulidad, el el consistorio de la capital tinerfeña ha agotado todos los recursos que tenía en sus manos para evitar la devolución de los terrenos que compró en 2001.

Aquel año, el Pleno del Ayuntamiento decidió por unanimidad comprar los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas a sus propietarios, Inversiones Las Teresitas S. L. (empresa participada por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González), por unos 52 millones de euros. Ahora, el consistorio tendrá que devolver a sus anteriores propietarios los terrenos, y éstos repondrán el dinero cobrado al erario municipal con intereses, lo que algunas fuentes cifran en 70 millones de euros.

El Tribunal Supremo anuló esta compraventa en una sentencia emitida el 3 de mayo de 2007 contra la cual el Ayuntamiento presentó un incidente de nulidad de actuaciones. Dicha sentencia declaraba que el Ayuntamiento de Santa Cruz no atendió a las normas exigidas en las leyes para operaciones de compraventa por parte de las instituciones públicas.

La arquitecta municipal, Pía Oramas, había tasado las 11 parcelas, lo que la Fiscalía describió "la única valoración de los terrenos del frente de playa que aunaba los requisitos técnicos y legales necesarios", en 19,3 millones de euros.

Esta situación llevo a la fiscal anticorrupción María Farnés a presentar una querella en diciembre del pasado año por la que se ha imputado tanto al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (CC), al concejal de Urbanismo de la época, Manuel Parejo (CC), a los portavoces de los grupos de la oposición, José Emilio García Gómez (PP) y Emilio Fresco (PSOE), y a los dueños de Inversiones Las Teresitas, Plasencia y González, entre otras cinco personas.

El número de imputados en esa causa ha aumentado recientemente con la suma de uno de los empleados de González, con lo que en total son 12 los imputados a día de hoy.

El consistorio capitalino había solicitado que se declarase la nulidad de actuaciones de la sentencia de 3 de mayo por entender que ésta "obligaba a devolver unos terrenos que ya no tenían los mismos aprovechamientos con los que fueron comprados".

La edificabilidad de los terrenos había decidido al Ayuntamiento a comprarlos, para evitar la construcción en el frente de playa. Junto a su compra se firmó un Convenio Urbanístico, que no ha sido anulado, por el que esos terrenos pierden toda su edificabilidad.