El tripartito buscó promover el "alquiler forzoso" de viviendas y Mas lo derogó

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tripartito aprobó a finales de 2007 la Ley del Derecho a la Vivienda, que preveía que la administración podía imponer el "alquiler forzoso" de una vivienda vacía propiedad de un particular.

A diferencia de la ley que promueve el gobierno andaluz, que pretende expropiar temporalmente viviendas a los bancos par impedir desahucios, la norma catalana no abordaba el alquiler forzoso desde la óptica de este problema social, entonces menos presente.

La normativa que promulgó el Govern de José Montilla (PSC) contemplada, en su artículo 42, una batería de medidas para "evitar la desocupación permanente de viviendas" a través de promocionar el alquiler.

Entre ellas, la administración catalana se comprometía a promocionar políticas para la rehabilitación de inmuebles en mal estado y a gestionar en régimen de alquiler viviendas vacías cedidas voluntariamente por particulares.

Una vez enumeradas lo que el Govern consideró como facilidades para promover la reducción de viviendas vacías, la legislación contemplaba que el Govern podía promover el "alquiler forzoso" de pisos de propiedad privada.

Según fuentes de la Generalitat, la administración nunca llegó a iniciar expedientes para forzar alquileres, entre otros motivos, porque la legislación era ambigua y difícil de aplicar.

La propia norma, en el fondo, dificultaba este procedimiento, ya que establecía que debían pasar dos años entre que se le notificaba al propietario que su vivienda podría ser alquilada de forma forzosa, hasta que se podía ejecutar este aviso.

Una vez superados estos dos años, la ley establecía: "La administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un período no superior a cinco años, para alquilarlo a terceros".

LEYES ÓMNIBUS

Cuatro años después de que la legislación entrar en vigor, y sin que se llegara aplicar nunca un alquiler forzoso, el primer gobierno de Artur Mas promovió una amplia reforma legislativa que modificó casi un centenar de normas en vigor a través de cinco leyes ómnibus.

Entre la leyes cambiadas se encontraba la del Derecho a la Vivienda, que vio como quedaban derogadas varias de sus disposiciones, entre ellas, los puntos seis y siete del artículo 42, precisamente, los que hablaban del alquiler forzoso.