El tripartito modificará el artículo de la expropiación forzosa de pisos pero no lo suprimirá

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern anunciaron hoy que el artículo 42.6 del proyecto de ley del derecho a la vivienda --que permite la expropiación del usufructo de pisos vacíos para incorporarlos al mercado de alquiler-- será modificado atendiendo a las apreciaciones del dictamen del Consell Consultiu, pero no se suprimirá la medida.

Este posicionamiento hace prever que CiU y PP permanezcan fuera del Pacto Nacional de la Vivienda, en tanto que las tres anunciaron ya hoy que no aceptarán otra salida que no sea la supresión del artículo 42.6 del proyecto. C's apuntó que podría aceptar una "modificación significativa" del texto.

Mientras CiU y PP consideran "inequívoco" que el dictamen del Consultiu "declara inconstitucional" la expropiación forzosa de pisos vacíos, los socios del tripartito interpretan, en cambio, que este organismo jurídico sólo cuestiona la "metodología" prevista para definir los casos en que se puede expropiar.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró incluso que el dictamen "no supone ningún correctivo" al proyecto de ley porque "no cuestiona la constitucionalidad" de la medida concreta del alquiler forzoso, sino que sólo "advierte de la discrecionalidad" que introduce la ley al establecer esta medida para casos de una "demanda residencial fuerte y acreditada", concepto que se considera ambiguo.

Por eso, mañana mismo, Ridao entregará a la secretaria general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, su propia propuesta de modificación del artículo, en la que --explicó-- introduce ciertos "parámetros" para definir esta demanda y concreta la "metodología" de "inspección" para determinar qué viviendas vacías deben incorporarse al mercado de alquiler.

Ridao criticó incluso que el Consultiu señale que el alquiler forzoso "puede vulnerar en algunos casos el principio de igualdad", al considerar que se remite a eventuales aplicaciones de la norma que deberían ser objeto de control por parte de la "justicia ordinaria y en ningún caso del Consell Consultiu".

El portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, consideró que el dictamen "no cuestiona el alquiler forzoso", y anunció también que se adaptará el redactado del artículo 42.6 a través de una enmienda conjunta entre PSC, ERC e ICV-EUiA con las "garantías que el Consell Consultiu especifica".

"Corrección no es eliminación", dijo Bosch, que reiteró que el Govern mantendrá el "fondo" de la ley porque --destacó-- es una normativa "muy meditada" y "aporta un análisis jurídico muy importante en políticas de acceso a la vivienda". También destacó que espera que la ley se apruebe este año; si no, se incluiría en el siguiente pleno del Parlament, previsto para finales de enero.

El diputado del PSC Roberto Labandera abogó también por "modificar" la ley para "dar las máximas garantías" jurídicas, de acuerdo con que "se mantenga" el artículo concreto, y remarcó que el informe del Consultiu "valida la constitucionalidad de la ley" en su conjunto y "sólo hace referencias a dos puntos de un artículo concreto".

CIU ACUSA A MONTILLA DE DELEGAR EN EL CONSULTIU.

En cambio, el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, expresó la "satisfacción" de su federación por que el dictamen haya "dado la razón" a sus tesis, y reclamó al conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, que "lidere la supresión del artículo 42.6 del proyecto" para poder sumar a CiU al acuerdo para esta ley y para el pacto nacional.

Pujol acusó a los tres socios del Govern de "haber perdido dos meses" con la tramitación de este proyecto para dejar "que sus discrepancias internas las resolviese el Consell Consultiu". Para él, "ante una incomodidad manifiesta" del presidente de la Generalitat, José Montilla, con la medida del alquiler forzoso introducida en el proyecto de ley por el conseller de ICV-EUiA, el presidente "prefirió doblegarse y acogerse a lo que pudiera decir el Consultiu".

El dirigente de CiU denunció la "tozudez" de los socios de gobierno con esta medida, acusándoles de hacer "lecturas sesgadas" del dictamen, y avisó de que si el Govern suprime la medida del alquiler forzoso, su federación está dispuesta a "hablar de otras medidas para hacer crecer el mercado de alquiler".

"UN SERIO CORRECTIVO", SEGÚN EL PP.

La portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, advirtió también de que no aceptarán otra salida que no sea suprimir el artículo 42.6 para sumarse al acuerdo para esta ley y para el pacto de Vivienda. Al contrario que Ridao, consideró que el dictamen supone "un serio correctivo a la Conselleria" al "declarar inconstitucional" el alquiler forzoso, porque vulnera "el artículo 33 de la Constitución, sobre el derecho a la propiedad", dijo.

Mejías interpretó que el Consultiu denuncia que el proyecto de ley "vulnera el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el juicio de necesidad" que hace la ley sobre esta medida, por lo que confió en que "el Govern haga caso" a la institución jurídica. Para ella, el dictamen "es un toque de atención" al Govern para "apelarle a elaborar sus normas de forma rigurosa" sin necesidad de "acudir siempre al Consultiu" para juzgar su constitucionalidad.

El diputado de C's José Domingo también condicionó el voto de su grupo a la ley a que se retire la medida de la expropiación forzosa "o la modificación significativa de este precepto", de forma que "sea compatible con la propiedad privada y los valores constitucionales". "La ley será inútil si no se rectifica significativamente", advirtió.