MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha absuelto a un detective privado que intentó sin éxito sobornar a un funcionario para obtener datos personales de la Seguridad Social, al entender que tenía que haber sido acusado de los delitos de cohecho y actuaciones contra la intimidad de las personas y no de descubrimiento y revelación de secretos en grado de tentativa, motivo por el que la Audiencia Provincial de Madrid le impuso en 2001 una pena de dos años y medio de prisión.
En una sentencia dada a conocer hoy, de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, el Alto Tribunal rechaza que ofrecer dinero a un funcionario para obtener datos personales constituya un delito de revelación de secretos, ya que el detective "no llevó a cabo, ni siquiera pudo iniciar, acción alguna por sí misma apta para incidir en el ámbito de los secretos o de la intimidad que trataba de vulnerar", por lo que sus acciones se corresponden con "una inducción ineficaz y, en consecuencia, impune".
Según el Supremo, la conducta del detective, que fue denunciado a la policía por el funcionario al que intentó sobornar, "tendría que haber sido calificada como un delito de cohecho, dado que existió ofrecimiento de dinero" e instó a éste a realizar "actos delictivos" en "el ejercicio de su cargo". En este sentido, realiza el reproche de que "incomprensiblemente" las acusaciones no se pronunciaron "en tal sentido".
La sentencia afirma que, "de hacerse uso del verbo 'inducir' en el sentido del diccionario, habría habido inducción o instigación a la realización de un delito, que no pasó de ese estadio por la rigurosa falta de disposición a delinquir del interpelado en tal sentido; que no dio comienzo en absoluto a la realización de la clase de acciones que se le reclamaba: es más, ni siquiera consideró la incitación de que había sido objeto a otro efecto que el de anunciarla".
OFRECÍA DE 4.000 A 5.000 PESETAS
Los hechos ocurrieron en febrero de 2001 cuando el detective privado trató de obtener datos protegidos de la Seguridad Social ofreciendo al funcionario, que podía acceder a ellos en razón de su cargo, 4.000 pesetas si los proporcionaba en un plazo de cinco días y 5.000 si lo hacía en un periodo de tiempo menor.
Éste, sin embargo, denunció los hechos, lo que puso en marcha una investigación judicial que, a partir de las intervenciones de varios teléfonos, concluyó que el detective consiguió los citados a través de otra funcionaria de la Seguridad Social, que fue condenada a cuatro años y medio de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Una vez obtenidos, el detective cedió los datos a dos empresas de Madrid y San Martín de la Vega.
