MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella por injurias interpuesta por el ex alcalde de Tarragona Miquel Nadal (CiU), contra la senadora del PSC María José Elices por unas declaraciones sobre el trazado de una carretera del que dijo que no iba a ser "el que convenía al municipio, sino a los intereses privados" del primer edil. Según el alto tribunal, no hay delito porque en este caso prevalece la libertad de expresión sobre el derecho al honor.
Las frases atribuidas a la senadora, que ésta ratificó ante el alto Tribunal el pasado día 11, deben, según el Tribunal Supremo, "verse atemperadas por el contexto en el que se pronunciaron", y enmarcarse en la "contienda pública y política" sobre unas obras que afectaban a los intereses de la ciudadanía.
Según el auto dictado por el Supremo, las acusaciones vertidas por María José Elices contribuyeron a la formación de la opinión pública, "alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública".
RIESGO DISUASORIO.
Esta situación les obliga, continúa el auto, a "soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o información es de interés general", ya que así lo requiere el pluralismo político. Todo ello para evitar el riesgo, según el alto tribunal, de hacer del Derecho penal un factor disuasorio de la libertad de expresión, lo que "resulta indeseable en un Estado democrático".
La senadora socialista declaró el pasado día 11 ante el magistrado Carlos Granados, instructor de la querella presentada contra ella por Nadal, al que reiteró que sus declaraciones en rueda de prensa se refirieron una variante de la carretera 340 sobre cuya ubicación existía mucha polémica en Tarragona.
La senadora añadió que tenía la convicción de que el diseño de la carretera convenía especialmente al alcalde, quien dimitió más tarde porque tenía intereses privados propios en una de las zonas que beneficiaba el paso de la variante. Cuando se le preguntó sobre su intención con tales declaraciones, manifestó que, como cargo público, estaba en su deber explicar a la ciudadanía lo que ella consideraba que estaba pasando con este hecho y así lo hicieron.
El Tribunal Supremo admitió a trámite hace un año una querella del alcalde de Tarragona contra María José Elices, concejala de este consistorio, por injurias. La senadora aseguró ante la Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta que se trataba de un asunto público entre dos cargos públicos y defendió que sus manifestaciones se enmarcaban dentro de la libertad de expresión y de informar a los ciudadanos desde una posición pública sobre otra pública.
Sin embargo, un Pleno del Senado aprobó en una votación secreta con bolas blancas y negras conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo con el apoyo de CiU, que respalda a su alcalde, y del PP, que tiene por norma apoyar todos los suplicatorios.
