MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha eximido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz de los asuntos penales, a excepción de los delitos contra el tráfico, con miras a aliviar a la jueza Gemma Poveda de la sobrecarga de trabajo que soporta después de que pidiera ayuda ante los 609 casos de maltrato que debe de resolver, informaron a Europa Press fuentes del TSJM.
De este modo, el Alto Tribunal madrileño decide auxiliar a la magistrada ante la negativa de seis jueces de Torrejón de prestarle su ayuda. En una Junta de jueces, la jueza les planteó la necesidad de que le exonerasen de determinados asuntos para centrarse en los casos de violencia machista. Sus compañeros la dieron la espalda, pero ahora el TSJM ha salido en su ayuda.
La jueza Poveda cuenta además con el respaldo del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder judicial (CGPJ). Tanto el Observatorio como el TSJM han pedido al Gobierno la creación en este municipio de un juzgado especializado que se ocupe en exclusiva a resolver asuntos de violencia machista. En el caso del TSJM, su presidente, Javier María Casas, incluyó esta petición en la Memoria anual correspondiente a 2007.
El Juzgado de Poveda se encuentra desbordado desde 2005 debido a la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Desde entonces, la anterior titular de este Juzgado pidió sin éxito en varias ocasiones ayuda a sus compañeros. La situación de atasco provocó que el Juzgado de Primera Instancia y número 5 no llegara a conceder la protección solicitada por Sylvina Bassani, la argentina que murió el pasado 10 de abril por un disparo descerrajado por su ex marido, un sargento del Ejército, en Alovera (Guadalajara).
Tras el crimen, su agresor se quitó la vida en presencia de su hijo. La víctima había denunciado a su ex pareja en septiembre de 2006 ante el Juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz. La juez dictó medidas cautelares contra él, entre ellas una orden de alejamiento y la entrega de las armas.
EL CASO, ANTE EL CGPJ
Los meses sucesivos, Sylvina acudió en reiteradas ocasiones al Juzgado para denunciar que su esposo incumplía la orden de alejamiento, solicitando su abogado el ingreso en prisión. Sin embargo, la juez Gemma Susana Fernández denegó la petición y delegó en una funcionaria el trámite de la denuncia. Tras la muerte de Sylvina, se conoció el enorme atasco que sufre este Juzgado desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
El caso llegó al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por posibles responsabilidades disciplinarias. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria acordó archivar la investigación al entender que la actuación de la jueza durante la tramitación de la denuncia fue correcta.
