MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias indeterminadas sobre la querella presentada por cinco abogados del despacho Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor procesados en el caso 'Malaya', por detención ilegal y prevaricación contra el juez entonces instructor de la causa, Miguel Ángel Torres.
Éste es el primer trámite habitual de toda querella que se interpone ante el alto Tribunal andaluz y es el paso previo a que se admita o no a trámite, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, quienes apuntaron que se dará traslado al fiscal para que emita su informe al respecto, tras lo que el ponente emitirá un auto.
Cinco de los seis abogados de dicho despacho madrileño han presentado una querella contra el juez Torres, en la que solicitan que declare el magistrado por un delito contra la libertad individual y otro de prevaricación ante el alto Tribunal andaluz, que ya ha archivado al menos tres diligencias contra el magistrado en relación a 'Malaya' y 'Ballena Blanca'.
La querella, presentada por Francisco Soriano Zurita, Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín y Manuel Sánchez Zubizarreta, se interpone por "la detención ilegal" de los letrados "durante seis días", situación que, según entienden en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se produjo por "una mal entendida lucha contra el delito".
La actuación del juez que cuestionan se circunscribe entre los días 29 de marzo de 2006, cuando fueron detenidos los abogados, y 3 de abril del mismo año, cuando cuatro de ellos ingresaron en prisión. "Entre ambas fechas median unas 133 horas, o, lo que es lo mismo, casi seis días", señala la querella, en la que se indica que ese fue el tiempo que "tan injusta, innecesaria, como ilícitamente, los querellantes estuvieron detenidos judicialmente a plena disposición del juez instructor".
Consideran en su escrito que se produjo "una de las más flagrantes vulneraciones de los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos en un Estado de Derecho: prolongar su detención más allá del plazo constitucionalmente establecido a tal efecto", aunque se dictase un auto prorrogando su permanencia en calidad de detenidos.
La querella precisa que esto se hizo "probablemente, con la finalidad de obtener una suerte de confesión de delito, o de simplemente vejarles en una suerte de castigo anticipado". "El fin no justifica los medios, no, al menos, en un Estado de Derecho", apostilla.
Los querellantes indican que se interpone en estos momentos, más de un año después de los hechos, "cuando los letrados víctimas del delito han tenido el sosiego, la serenidad y la distancia temporal bastante como para no dejarse llevar por apresuradas o precipitadas interpretaciones de lo ocurrido, sino, antes bien, poder valorarlo en toda su extensión jurídica".
Se argumenta, entre otros aspectos, que la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal "son muy claras", de forma que "un ciudadano no puede estar detenido por una misma autoridad más de 72 horas", salvo con dos excepciones: en caso de delitos terroristas y cuando el país se encuentra en Estado de excepción. "Evidentemente, en el presente supuesto no concurre ninguna de las dos excepciones", apuntan.
"El ansia investigadora del querellado --juez Torres-- le llevó a precipitarse por el camino que nunca deben recorrer, y no recorren, los miembros de la carrera judicial: hacer lo que sea necesario con tal de conseguir la información que se persigue, o actuar manu militari sin atenerse a norma alguna, por motivos que, obviamente, se nos escapan", señala la querella.
El escrito recuerda también que el instructor ordenó detener a todas las personas que fueron imputadas menos a una, con lo que "ha convertido lo que no debe sino ser una excepción --la detención-- en la forma normal de citar a una persona al procedimiento". Los letrados añaden que "nunca antes en la historia judicial desde nuestra Constitución, se había producido un caso semejante".
Los querellantes critican duramente que a pesar de ser una detención judicial y de solicitar expresamente los detenidos comparecer ante el juez "inmediatamente", éstos "se encontraban coaccionados por métodos propios de una dictadura, vulneradores flagrantemente de los límites constitucionalmente establecidos para los plazos máximos de detención".
Además de solicitar la declaración como imputado del juez, se cite a declarar como testigos a los cinco abogados, a la secretaria judicial de Instrucción número 5, y a los policías que actuaron en el arresto.
