El TSJPV decide mantener el emplazamiento al Ministerio para que adopte medidas por la retirada de pisos a jueces

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidió el pasado viernes mantener el emplazamiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que inste al Ministerio de Justicia a que adopte "las acciones judiciales pertinentes" para la revisión "administrativa o jurisdiccional" de la decisión adoptada por el Gobierno vasco de suspender la cesión de pisos a los máximos representantes de la Judicatura y la Fiscalía vasca, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

La comisión permanente acordó adoptar esta iniciativa el 12 de enero de 2007 -ratificada por el Pleno en su reunión del viernes-, después de que la Abogacía del Estado a finales de diciembre, a petición del alto Tribunal, realizara un informe en el que consideró "proporcionada" la decisión del Ejecutivo autonómico.

Basándose en este informe, que no observaba "ninguna ilegalidad" en el acuerdo del Gobierno vasco del 26 de septiembre de 2006, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, miembro del Pleno de la Sala de Gobierno y asociado a Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, pidió que este órgano revisara la petición realizada por la comisión permanente con el fin de que "quedara sin efecto".

No obstante, su petición decayó al votar siete de los magistrados que conforman el pleno a favor de mantener la petición al Ministerio para que adopte "acciones judiciales" para la revisión del acuerdo del Gobierno vasco, mientras que sólo dos apoyaron que se anulara la decisión de la comisión permanente de la Sala de Gobierno.

VOTO PARTICULAR

Por su parte, Rodríguez Achútegui anunció que presentará un voto particular en el que explicará las razones por las que considera que el órgano de gobierno del alto Tribunal vasco no debería pronunciarse sobre esta cuestión después del informe de la Abogacía del Estado.

Además, el 22 de diciembre del pasado año el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJPV desestimó proceder a la revisión del acuerdo de la comisión del órgano de gobierno del pasado 10 de noviembre, en el que solicitó al Abogado del Estado un informe sobre la legalidad de la decisión del Ejecutivo autonómico. La petición fue planteada por el presidente de la Sala de lo Social del TSJPV y miembro del Pleno, Manuel Díaz de Rábago -también asociado a Jueces para la Democracia-.

Precisamente, el pasado 23 de enero la comisión permanente del CGPJ resolvió, por unanimidad, que la decisión del Gobierno vasco ha sido adoptada "dentro de sus competencias", al igual que han hecho otras administraciones públicas, por lo que consideró que el máximo órgano de Gobierno de los jueces no debía realizar "pronunciamiento al respecto".

La resolución del Gobierno vasco por la que se suspende la cesión de pisos afecta al uso de cinco viviendas de su propiedad ocupados por el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, la fiscal-jefe del alto Tribunal vasco, María Angeles Montes, la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Ana Iracheta, y los máximos responsables del Ministerio Público en las Audiencias de Alava y Gipuzkoa, Jesús María Izaguirre y Jaime Goyena, respectivamente.