ESTRASBURGO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Eurocámara debatirá y votará hoy, tras un año de trabajos, el informe final sobre las presuntas actividades irregulares de la CIA en territorio de la UE, y el resultado más probable es que se suavicen sus conclusiones finales como consecuencia de la oposición frontal del PP y las presiones de eurodiputados socialistas de Alemania, Portugal, Reino Unido o España, que quieren reducir las críticas a sus Gobiernos contenidos en el texto, según explicaron fuentes parlamentarias.
Para el debate en el pleno se han presentado un total de 270 enmiendas. El Partido Popular Europeo patrocina 28 de ellas, que en su mayoría buscan moderar las críticas contra los Gobiernos y contra EEUU y subrayar que no hay pruebas de la existencia de cárceles secretas de la CIA en Rumanía y Polonia. Los populares se debaten entre el 'no' y la abstención, opción que postula la delegación española, y con toda probabilidad se dividirán en el voto.
El portavoz popular en la comisión parlamentaria sobre los vuelos de la CIA, Jas Gawronski, insistió ayer martes en que el informe es "tendencioso" y "desequilibrado". Entre las enmiendas que ha presentado se encuentra una que "reconoce el derecho de la CIA a volar a donde y cuando lo considera necesario, a aterrizar en aeropuertos europeos utilizando sus propias aeronaves o las de compañías privadas y vuelos chárter y a transportar cualquier clase de pasajeros siempre que no viole el derecho nacional o internacional".
Otra de sus enmiendas señala que "los servicios secretos se llaman así porque su función es trabajar en secreto y que deben poder continuar actuando así sin violar en modo alguno el derecho nacional o internacional".
Al margen de estas aportaciones extremas, la modificación que el PPE considera clave para apoyar el informe desvirtuaría de aprobarse todo su contenido. El texto original del ponente, Claudio Fava, considera "inverosímil" que los Gobiernos europeos no supieran de las actividades de la CIA en territorio comunitario. Los populares quieren añadir a este párrafo que "son limitadas las pruebas concluyentes que apoyan esta implicación".
También pretenden dejar constancia de que, a su juicio, no hay ninguna prueba de la existencia de cárceles secretas en Bulgaria y Rumanía. El grupo soberanista Unión por la Europa de las Naciones ha presentado un total de 189 enmiendas que van en la misma línea que las de los populares: moderar las críticas, asegurar que no hay pruebas de nada y justificar en cualquier caso la actuación de los Gobiernos y de EEUU.
ENMIENDAS SOCIALISTAS
Pero también el grupo socialista, del que procede Fava, ha presentado 27 enmiendas al texto para atenuar las críticas a sus Gobiernos afines. Entre ellas se encuentra una promovida por la portavoz adjunta de los socialistas españoles, Elena Valenciano, en la que se precisa que si el director del CNI, Alberto Saiz, no compareció ante la Eurocámara pese a que ésta se lo pidió fue "debido a la legislación española sobre los servicios de inteligencia".
En el capítulo dedicado a España, los eurodiputados Willy Meyer, de Izquierda Unida, y Raül Romeva, de Iniciativa per Catalunya Verds, han presentado una enmienda oral de última hora para expresar su "fuerte preocupación" por las últimas informaciones que han desvelado la escala de siete aviones norteamericanos en las bases de Rota, Morón y Torrejón en su ruta a Guantánamo.
Las presiones más fuertes han venido, no obstante, del Gobierno portugués y sobre todo del alemán. Éstas se han traducido en una enmienda de los socialistas en la que se asegura, en contra de lo que decía el texto inicial, que "hasta la fecha, las investigaciones de la comisión han mostrado que no hubo una implicación de las autoridades alemanas en el secuestro ilegal" del ciudadano de origen libanés, Jaled El-Masri, que fue trasladado de Macedonia a Kabul.
No obstante, se mantiene la referencia, aunque atenuada, al caso de Murat Kurnaz, cuya excarcelación de Guantánamo ofreció Estados Unidos en 2002 a las autoridades alemanas pero éstas lo rechazaron. Este caso esta causando graves problemas al actual ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier.
Los socialistas también pretenden suavizar las conclusiones políticas del texto a través de una enmienda que, de aprobarse, suprimiría cualquier referencia a la necesidad de imponer sanciones a los Estados miembros que se demuestre que han violado los derechos humanos colaborando con la CIA. Eso sí, se mantiene la exigencia al Consejo de ministros de la UE de encargar una investigación independiente.
