UPyD exige al Gobierno que aclare los criterios que piensa utilizar para proteger a los políticos de los 'escraches'

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy aclare los criterios que prevé utilizar para proteger los domicilios de los políticos ante la intensificación de los conocidos como 'escraches', la mayoría de los cuales han sufrido dirigentes del PP.

La líder de la formación magenta ha registrado una pregunta en este sentido en la Cámara Baja, a la que tuvo acceso Europa Press, ante las, a su juicio, "confusas y contradictorias" declaraciones que ha habido por parte de varios responsables políticos y policiales en los últimos días en relación con las medidas que se piensan tomar para proteger a los representantes públicos de los acosos.

En concreto, se refiere a si el perímetro de seguridad en torno a los domicilios de los políticos será de 300 metros, tal y como el 'número dos' del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, difundió la noche del pasado martes mediante correo electrónico a todas las comisaría.

En comunicación urgente, se indicaba que "no se permitirán concentraciones (escraches) a menos de 300 metros de los domicilios de autoridades y personalidades políticas en el ámbito competencial del Cuerpo Nacional de Policía", recoge UPyD.

NUEVA INSTRUCCIÓN

Una día después, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negaba en los pasillos del Congreso que su departamento hubiera ordenado crear esas "burbujas" de protección en torno a las viviendas de los políticos: "No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros. Eso como ministro lo desmiento". Ello obligó a la Secretaría de Estado de Interior a una nueva instrucción para aclarar el procedimiento a seguir.

Tras señalar que se aplicará la "ley Corcuera" a quienes se concentren en la calle sin comunicarlo previamente, esta directriz resaltaba que ·en caso que se realicen ante los domicilios de cargos públicos, se adoptarán las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos".