El Congreso debate la ley de UPyD para que ningún político cobre más que Rajoy

Publicado 08/03/2015 11:31:52CET
Rosa Díez y los diputados de UPyD, en el hemiciclo
CONGRESO

Los 'magenta' también proponen evaluar el desempeño del cargo, prohibir sobresueldos y que parlamentario y edil sean incompatibles

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de UPyD defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para ordenar jerárquicamente las retribuciones de las autoridades y cargos públicos del país, de tal manera que ninguno cobre más que el presidente del Gobierno.

La propuesta original de UPyD planteaba una estructura piramidal para la asignación de los sueldos en cuya cúspide estarían el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno. Después habría un segundo grupo del que formarían parte los presidentes del Congreso y el Senado y, varios niveles por debajo aparecían primero los diputados y, con menor sueldo, los senadores.

La Mesa del Congreso obligó a reformular el texto para quitar los puntos de la iniciativa que afectaban al Rey, ya que implicaban una reforma de la Constitución, que establece que el jefe del Estado distribuye su asignación presupuestaria "libremente", y para eliminar la mención a diputados y senadores, ya que las Cortes Generales representan el Poder Legislativo y se regulan con plena autonomía.

El partido que lidera Rosa Díez acató la orden y, al margen de que siga defendiendo poner un tope salarial al Jefe del estado y a diputados y senadores, decidió registrar su iniciativa modificada para provocar un debate y votación en el Congreso. La Junta de Portavoces, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ha puesto fecha en la sesión plenaria del martes de la próxima semana.

EL REY Y LOS DIPUTADOS, EXCLUIDOS POR AHORA

En concreto, el texto que pasó el filtro de la Mesa del Congreso establece una pirámide de salarios a través de una clasificación de cargos públicos en grupos retributivos de tal manera que un grupo inferior nunca pueda percibir un salario bruto anual mayor al de cualquier otro cargo público de un grupo retributivo inmediatamente superior.

En la cúspide, Grupo 1, tras la desaparición de la mención al Jefe del Estado se sitúa ya únicamente al presidente del Gobierno. Por debajo, en el Grupo 2, aparecen los vicepresidentes de Gobierno, y los presidentes del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, pero ya no figuran los presidentes del Congreso y del Senado.

En el tercer nivel se situarían los ministros, el gobernador del Banco de España, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el vicepresidente del Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado. En el Grupo 4 aparecen el subgobernador del Banco de España, el Defensor del Pueblo, los secretarios de Estado y los magistrados del Tribunal Constitucional.

El quinto escalafón, que antes incluía a los diputados, ahora reúne a los subsecretarios y los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y del Consejo Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). En el sexto nivel, tras la salida de los senadores, colocan los delegados del Gobierno y los embajadores. Séptimo escalón para diputados provinciales y concejales de las ciudades de más de medio millón de habitantes y la tabla la cerrarían otros dos niveles donde se encuadrarían, entre otros, el resto de ediles.

UPyD no pone cifras a la horquilla salarial de cada grupo retributivo, asunto que quedaría pendiente de desarrollo reglamentario tras un informe de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, y a tenor de la situación actual, habría que subir algunos sueldos y bajar muchos.

CAÓTICO SISTEMA RETRIBUTIVO

La iniciativa se justifica en la necesidad de poner fin al "caótico sistema retributivo actual, en el que muchos altos cargos tienen una remuneración en muchos casos superior a la del presidente del Gobierno", pero UPyD aprovecha para reivindicar un "sistema transparente", un "régimen estricto de incompatibilidades de remuneraciones y la prohibición de sobresueldos, a fin de preservar la buena imagen de la política.

Una incompatibilidad que propone incorporar es la de parlamentario (diputado, senador o autonómico) y concejal, algo que actualmente es legal y muy utilizado principalmente por el PP, que tiene varios alcaldes y portavoces municipales en el Congreso y en el Senado.

Por último, el partido magenta propone evaluar el trabajo que hacen los altos cargos ya que incluye un artículo para "establecer reglamentariamente los criterios que permitan la evaluación del desempeño de los cargos sujetos a esta ley, que articulen los conceptos retributivos variables en función de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados". Esos sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a "criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación".

Para leer más