BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Penal número 2 de Terrassa (Barcelona) ha requerido a un vecino de Rubí de 36 años para que cumpla ahora la pena de tres años y medio de prisión que se le impuso por unos hechos ocurridos hace nueve años, cuando el condenado se dio a la fuga en su motocicleta tras recibir el alto de un policía local de Rubí que resultó lesionado al esquivarle para no ser atropellado.
El suceso se remonta a septiembre de 1998, cuando Raúl Pujol circulaba con su motocicleta por la calle Edison de Rubí sin tenerla asegurada y sin disponer del permiso necesario para conducirla. El joven, además, circulaba de forma temeraria, ya que iba a más velocidad de la permitida y adelantaba a los otros vehículos por el carril contrario a la circulación.
Al percatarse de ello, un policía local de Rubí ordenó a Raúl que se parara, haciéndolo el joven en un semáforo situado a unos 15 metros del lugar donde se encontraba el agente, según declara probado la sentencia del Juzgado Penal número 2 de Terrassa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Sin embargo, al ver que el policía se acercaba a él y sabiendo que no disponía de la documentación correspondiente, el condenado arrancó su moto y se dio a la fuga a gran velocidad. El agente tuvo que apartarse para no ser atropellado y sufrió una rotura fibrilar en una pierna, lesión de la que tardó 20 días en recuperarse y que no le ha dejado secuelas.
Raúl Pujol fue finalmente detenido y acusado de atentado contra la autoridad y lesiones, delitos por los que fue condenado en octubre de 2002 a tres años y medio de prisión y al pago de una multa de 90 euros. El joven, además, debía indemnizar al agente con 842 euros por las lesiones causadas, cantidad que ya abonó en su momento.
Según explicó a Europa Press el letrado defensor del joven, Javier Berzosa, el hecho de que Raúl Pujol se vea ahora obligado a entrar en prisión es una "aberración jurídica y moral", ya que "se trunca su vida" por unos hechos ocurridos hace nueve años, teniendo en cuenta, además, que "no tiene antecedentes" y que ya ha indemnizado a la víctima por las lesiones que sufrió.
Berzosa señaló que, tras conocer el fallo del juzgado de Terrassa, impugnó la sentencia ante la Audiencia de Barcelona, que desestimó el recurso de apelación. De hecho, en 2003, el condenado ya fue requerido para entrar en prisión, aunque la ejecución de la sentencia se paralizó porque la defensa solicitó un indulto parcial al Ministerio de Justicia, que también ha sido rechazado.
Ahora, Berzosa ha reiterado su petición de indulto parcial ante el Ministerio de Justicia y pedirá a la titular del Juzgado Penal número 2 de Terrassa que suspenda la ejecución de la condena hasta que la administración se pronuncie sobre el indulto, ya que, en caso de que fuera aceptado, la juez podría suspender la condena.