En el escrito, con 21 sentencias de esa Sala, denuncian que estas son "arbitrarias" para beneficiar a la Comunidad de Madrid
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación el Defensor del Paciente presentó hoy una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la presidenta de la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), encargada de juzgar negligencias médicas, por ausencia de motivación en las sentencias que dicta y no aplicar los baremos de indemnizaciones marcados por la normativa en esta materia.
"Esta señora dicta sentencias arbitrarias, injustas y sospechosamente parcas e inmotivadas", aseveró la presidenta de El Defensor del Paciente Carmen Flores, quien reclama en la queja que se inhabilite a esta magistrada por falta grave al no aplicar la Ley y actuar por presunta "mala fé". "El deseo de los afectados es que el Consejo cese a esta magistrada porque no está capacitada para resolver estos asuntos", añadió.
El escrito va acompañado de 21 denuncias de afectados por esta Sala. En 2006, la asociación remitió una queja similar, pero el Poder Judicial no se pronunció al respecto. Flores adelantó que si el Consejo sigue esa misma línea acudirán al Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales.
Según Flores, la Sección que preside Inés Huerta viola de manera continuada el derecho de defensa de las víctimas y perjudicados a los que deniega pruebas sustanciales para fijar una indemnización. Además, denunció la falta de sensibilidad de esta magistrada a la hora de compensar los daños y perjuicios hasta llegar a "un trato indigno".
660 EUROS POR UNA PARÁLISIS FACIAL
"Esta juez, a su madre, a su padre y a sus hijos los valora en esas cantidades. Por eso se las da así a las víctimas", aseveró Flores. Como ejemplo, expuso el caso de una mujer que sufrió una parálisis facial a consecuencia de una negligencia por una intervención de la que no fue informada de los riesgos. La Sección Octava fijó una indemnización de 660 euros. La mujer no aceptó esta "donación".
El abogado de la asociación explicó que esta juez no motiva sus resoluciones judiciales, lo que constituye "un derecho constitucional del justiciable". "No aplica la normativa de baremos establecidos para accidentes de tráfico que son los que se aplican en estos asuntos. No atiende a esta norma correctamente ni lo argumenta", recalcó.
El Defensor del Paciente recordó que esta juez manifestó en un foro organizado por la Asociación de Derecho Sanitario, que "a quien sufre una negligencia médica le ha tocado la "china" y por ello la Administración no es un Montepío, ni un fondo de pensiones, ni una ONG. Y, por tanto, ante el vicio de pedir esta la virtud de no dar, ya que los pacientes se quieren enriquecer a costa de la Administración".
A FAVOR DE LA COMUNIDAD
Las víctimas que se acercaron a la sede del Consejo se quejaron de que esta magistrada "no es imparcial", puesto que busca beneficiar a la Comunidad de Madrid en los casos que le llegan de los hospitales públicos madrileños. Los damnificados han creado la asociación 'Afectados por la Sección Octava", que presidirá Carmen Flores.
Entre los perjudicados se encontraban dos hermanos afectados por las supuestas prácticas arbitrarias de esta magistrada. Su madre, de 49 años, falleció por mala praxis de los médicos que la atendieron en el Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuando acudió por un dolor en el pecho.
Los doctores aseguraron entonces que se trataba de un dolor muscular y le inyectaron Norotil en vena. La paciente se sometió a un electrocardiograma, sin que se le detectara ninguna anomalía. A las 21.00 horas abandonó el hospital y a las 23.00 horas falleció en su casa por muerte súbita debido a una insuficiencia cardiaca.
"En el electrocardiograma se veía que tenía un problema en el corazón y que le hacía falta un bypass. Con eso se hubiera solucionado", indicó su hija Sandra. Pese a que el baremo de indemnizaciones establece una cantidad de cerca de 50.000 euros, la magistrada fijó una cuantía de 7.523,17 euros a recibir para cada uno de los hermanos.
Ninguno de los dos han acudido a recoger el talón por considerar que atenta contra su derecho fundamental a la dignidad. Por este motivo, su caso está en manos del Tribunal Constitucional.
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