El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le condenó a seis años y medio de cárcel
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular ejercida por la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell y la acusación popular ejercida por la formación 'morada' han pedido al Tribunal Supremo que aumente la pena de prisión del juez Salvador Alba a 10 años, frente a los seis años y medios a los que fue condenado por confabular contra Rosell.
En 2019, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias dictó sentencia contra Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho --por lo que se le condenó a tres años de prisión-- y falsedad en documento público --por lo que fue condenado a tres años y medio de cárcel--. Se le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos. Fue condenado también a 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado y al pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales.
Ahora, en el marco de la vista pública que se ha celebrado este jueves en el Alto Tribunal, el letrado Antonio Marrero --en representación de Rosell-- y la letrada Sandra Rodríguez --en representación de Podemos-- han solicitado que se cambie el delito de falsedad por un delito continuado de falsificación. Ha pedido, también, que se añada a su condena el delito de revelación de secretos.
Así, han elevado su petición de pena de prisión a 10 años: cinco años por el delito continuado de falsificación, tres años por prevaricación en concurso con cohecho, y dos años por revelación de secretos. A ello añaden la pena accesoria de inhabilitación de 11 años para el cargo de juez.
La representación de Rosell y la de Podemos han insistido en que Alba citó en su despacho al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez --quien figuraba como investigado en un procedimiento judicial--, para darle instrucciones y reclamarle documentación para perjudicar a la jueza, cuya plaza ocupó cuando ella asumió el cargo como diputada.
ALBA DICE QUE NO TUVO ACCESO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL
El abogado Nicolás González Cuéllar, en calidad de defensa de Alba, ha insistido en que su cliente fue juzgado por un tribunal que "no ofrecía garantías de imparcialidad" y ha intentado desmontar los delitos que han quedado acreditados en la sentencia del TSJ canario.
Ha reprochado que se admitiera como prueba la grabación de la conversación entre Alba y el empresario aportada por este último. Ha insistido en que dicha grabación fue manipulada y que incumplía los requisitos para ser estimada. Ha criticado, también, que no se tuviera en cuenta la declaración de uno de los testigos que participó en el juicio.
En su turno de intervención, la letrada de Podemos ha reprochado a la defensa que intentara en este trámite de casación ante el Supremo "modificar los hechos probados" e "introducir una versión distinta a lo que quedó probado". Además, ha recordado a la defensa que la grabación de Ramírez fue sometida a varias periciales y que a la declaración del testigo al que hace referencia no se le dio credibilidad.
FISCALÍA PIDE QUE SE RATIFIQUE LA CONDENA DE CANARIAS
En su turno de palabra, la Fiscalía ha respaldado los hechos recogidos en la sentencia y ha pedido al Supremo que ratifique la resolución "en todos los extremos de la condena".
La representante del Ministerio Público ha hecho especial hincapié en el delito de prevaricación que se le atribuyó al magistrado. Ha recordado que, tal y como consta en la grabación que aportó el propio Ramírez, Alba prometió acordar la nulidad de un procedimiento judicial a cambio de que el empresario aportara documentación para perjudicar a Rosell, quien ha acudido como público a la vista de este jueves en el Supremo.
La información reclamada por Alba servía para "incrementar" las posibilidades de que fuera admitida a trámite una querella interpuesta por el entonces ministro de Industria José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo contra Rosell.
La letrada de Podemos y el letrado de la ahora delegada del Gobierno contra la violencia de género han defendido que hay "pruebas suficientes" para entender que Alba facilitó esa información al redactor de la querella de Soria contra Rosell. "Fue un corta-pega", han dicho. Por ello, han pedido que se añada a su condena el delito de revelación de secretos. La Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.
