Alega que los 'pinchazos' telefónicos que revelaron las conversaciones sobre la necesidad de certificar su grave estado salud son nulos
MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha solicitado a la juez de Madrid que investiga la elaboración de un informe médico para evitar comparecer en la Audiencia Nacional en enero de 2018 que archive esta causa al considerar que las intervenciones telefónicas en el marco del caso 'Lezo' que revelaron la posible falsificación del certificado son nulas.
El empresario ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide personarse en esta causa, en la que de momento sólo está imputado su médico, para poder demostrar su inocencia y la veracidad de dicho informe.
Villar Mir presentó dicho documento cuestionado en enero del año pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II, en el que se certificaba que su estado de salud le impedía la práctica de una toma de huellas dactilares.
No obstante, unas intervenciones telefónicas en el marco del caso 'Lezo' revelaron conversaciones en las que se hablaba de la necesidad de acreditar que el empresario no se encontraba en condiciones para acudir a la citación judicial.
Los 'pinchazos' telefónicos fueron avalados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía consideró que se debía analizar si estas manifestaciones podían ser constitutivas de delito, por lo que el juez García Castellón las envió a los juzgados de Plaza de Castilla, donde inicialmente se archivó. Estas escuchas están siendo investigadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, después de que uno de los abogados del expresidente de OHL se querellase contra el magistrado de la Audiencia Nacional.
"ABSOLUTA FALTA DE CONTROL JUDICIAL"
La defensa de Villar Mir ha solicitado a la magistrada María del Carmen Valcarce el archivo de las diligencias --al igual que ya hizo el médico que firmó dicho informe, que declaró ante la juez de Madrid el pasado mes de septiembre-- al considerar que el "resultado de las captaciones de las conversaciones" no son válidas y que existe una "absoluta falta de control judicial sobre las mismas".
Para ello, el escrito recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las escuchas telefónicas de los investigados, así como una circular de la Fiscalía General del Estado que recuerda que "el juez tenga conocimiento del hallazgo casual de un hecho delictivo distinto del investigado" debe "volver a examinar las cuestiones de proporcionalidad y competencia". "Nada de esto se hizo", añade.
Además, recuerda que el instructor de una causa "no puede permanecer al margen" de la práctica de las intervenciones una vez que las ha autorizado, "ni debe limitar su participación a la eventual prórroga del plazo de intervención determinado inicialmente (como aquí ha sucedido)".
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
El escrito presentado ante el juzgado madrileño va acompañado de 11 documentos para acreditar "la realidad del estado de salud". Entre ellos se encuentran la citación para la toma de las huellas, la documentación aportada el 7 de enero de 2018 a la Audiencia Nacional para acreditar su dificultad para comparecer, así como visto bueno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la posterior diligencia en la que finalmente se realizó la práctica de la prueba cinco días después.
Asimismo, se certifica que el servicio de escolta no se prestó los días 8, 9, 10 y 11 de enero del años pasado y reproduce íntegramente un informe del médico que visitó de urgencia a petición de los hijos, un día después de la toma de las huellas, por el "agravamiento de su estado de salud".
