Actualizado 31/05/2007 17:49 CET

Villarejo dice que el fallo del TC sobre ANV refleja la "universalización" en España de un "cierto Estado de excepción"

Rechaza la dispersión porque "atenta" contra derechos humanos e insta al Gobierno a cumplir tratados internacionales que ha ratificado

SAN SEBASTIAN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ex fiscal jefe Anticorrupción y fiscal de Sala jubilado Carlos Jiménez Villarejo afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó la anulación de candidaturas de ANV recoge un conjunto de "contradicciones" que la hacen "patética e inadmisible", y que "no resiste una crítica jurídica rigurosa y seria". A su juicio, el fallo refleja "la universalización en el ámbito del Estado español de un cierto Estado de excepción".

"Me avergüenza que el Tribunal Constitucional de España dicte una sentencia tan pobre y tan débil de argumentos, incursa en notorias y notables contradicciones y que está perjudicando a uno de los elementos fundamentales del sistema democrático, que es el derecho al sufragio pasivo y activo", añadió el ex fiscal, en unas jornadas organizadas por Eusko Ikaskuntza en San Sebastián sobre 'Los límites del Estado de Derecho frente a la violencia'.

El ex fiscal mostró "un rechazo contundente" hacia esa sentencia, dictada el pasado 10 de mayo, porque realiza "interpretaciones desviadas, alambicas y tendenciosas". En este sentido, señaló que la Ley Electoral sólo contempla la prohibición de "agrupaciones de electores" y ANV es "un partido político".

A ello, añadió que los integrantes de las candidaturas anuladas de ANV no habían sido condenados por delitos de terrorismo y, por lo tanto, según dijo, no cumplen el requisito que establece la ley para no poder participar como candidato a las elecciones.

"En la medida en que no concurría causa de ilegibilidad, no debían haber sido excluidos nunca de esa posible elección, a parte de perjudicar obviamente el derecho de sufragio activo de personas que hubieran optado por ANV en esas elecciones", señaló.

Jiménez Villarejo también reivindicó "la necesidad evidente" de que se derogue la Ley de Partidos por ser "incompatible con el mantenimiento del sistema democrático".

LEY DE PARTIDOS Y DISPERSION

En este sentido, argumentó que lo que hicieron el Gobierno central y el Parlamento español con esa Ley fue "eliminar ataduras democráticas, eliminar el proceso penal, que era la única vía legítima admisible" para ilegalizar un partido, "y crear un nuevo instrumento excepcional". Además, se preguntó por qué no se aplica a otras formaciones, como la Plataforma por Cataluña, que "abogan abiertamente por el racismo y la xenofobia".

Para el ex fiscal, "los jueces tienen una enorme responsabilidad y no están a la altura de las circunstancias", entre otras cosas porque no "están aplicando" la Ley como dice que el Código Civil que debe hacerse, "con arreglo a la realidad social de su tiempo".

De esa manera, consideró que, entre agosto y 30 diciembre de 2006, "los jueces fueron protagonistas activos en la interpretación de las normas" en contra de ese principio, "obstaculizando activamente la realización del proceso de paz", añadió. El ex fiscal puso como ejemplos el 'caso Egunkaria', y las causas abiertas por las reuniones de Batasuna con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y dirigentes del PSE-EE.

DISPERSION

Jiménez Villarejo también abogó por la eliminación de la dispersión de los presos de ETA. Defendió que, "al margen de que estemos o no en un proceso de paz", supone "un atentado al régimen de los derecho humanos de los internos" el privarles del "derecho a la relación con el exterior, con su familia, con el medio al que algún día volverán" tras cumplir su condena.

A su juicio, no se trata de "ser más o menos flexibles en la aplicación de la política penitenciaria", ni tampoco se pueden "invocar razones de oportunidad política", porque son derechos recogidos en tratados internacionales ratificados por España, que "hay que cumplir".

Por otro lado, el ex fiscal destacó que en España el tema de la tortura "jamás ha sido tratado por los fiscales generales del Estado, desde el primero hasta el actual". Criticó que "es una materia que es ignorada sistemáticamente por la más alta autoridad del Ministerio Fiscal en España", porque no informa del devenir de las denuncias por malos tratos.