Vox abre la puerta a que las comunidades donde gobierna lleven al TC la instrucción de Justicia sobre la 'ley de nietos'

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, ha explicado este lunes que no descartan que las comunidades en las que gobiernan con el PP lleven al Tribunal Constitucional la instrucción del Ministerio de Justicia que desarrolla la aplicación de la conocida como 'ley de nietos'.

La 'ley de nietos', que permite nacionalizar a descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por causas políticas, es en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022. Vox impugnó la norma ante el TC en l anterior legislatura, cuando todavía tenía el número de diputados suficiente para interponer ese tipo de recursos.

La semana pasada los vicepresidentes autonómicos de Vox en Castilla y León, Extremadura y Aragón pidieron a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos sendos informes para "estudiar" y "evaluar" una "posible invasión de competencias" por la 'ley de nietos' y también avanzaron que lo solicitarán en Andalucía.

La formación quiere "analizar en profundidad" el "encaje jurídico" de esta parte de la Ley de Memoria Democrática y de la instrucción de Justicia que la desarrolla pues, a su juicio, "está facilitando la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral".

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fúster ha indicado que los "avances" relativos a esta nueva vía jurídica se conocerán en las próximas semanas. "No vamos a aceptar en ningún caso que un Gobierno transforme la nacionalidad española, altere el cuerpo electoral o modifique la voluntad soberana de nuestra nación", ha recalcado.

Preguntado expresamente si lo que quieren es que la comunidades donde gobiernan con el PP promuevan recursos de inconstitucionalidad como el que ya hay presentado contra la Ley de Memoria Democrática, Fúster no ha cerrado la puerta y ha reconocido que, en todo caso, "cada comunidad es un mundo".

Por lo pronto, ha insistido, se les ha pedido que estudien los mecanismos jurídicos a su alcance para "oponerse a cualquier proceso de nacionalización" por esta vía.