MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los directivos españoles de la compañía británica Chapman Freeborn, que contrató el avión Yakovlev-42 que se estrelló en 2003 en Turquía causando la muerte de 62 militares, eludieron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska cualquier responsabilidad en la adjudicación del aparato al indicar que se tramitó desde la oficina de Alemania, informaron fuentes jurídicas.
Los máximos responsables de la compañía en España, con sede en Barcelona, comparecieron hoy durante más de dos horas como testigos de la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 3 para esclarecer las irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) en un vuelo de más de 25 horas procedente de Afganistán.
Según fuentes de la acusación, que ejercen las familias de las víctimas del accidente, el gerente de la oficina española, Sergio Núñez-Cacho, detalló ante el juez que tanto la documentación sobre la contratación del avión, que la agencia de la OTAN Namsa adjudicó a Chapman Freeborn, como la correspondiente a la tripulación se tramitó desde la sede de la compañía en Frankfurt (Alemania).
De acuerdo con su testimonio, la oficina española no intervino en la contratación del avión ni verificó los términos en que ésta se produjo, ya que la única información que recibió fue la que le envió la compañía propietaria de la flota a la que pertenecía el Yak-42. De igual modo, aseguró desconocer que el Estado Mayor Conjunto (EMACON) hubiera recibido críticas por el estado de los aviones o que con la subcontratación se hubieran modificado las condiciones de los seguros de los pasajeros.
NUEVA DECLARACIÓN
Tras este testimonio, las acusaciones solicitarán al magistrado que instruye la causa que ordene la comparecencia en la Audiencia Nacional como testigo de la causa del responsable legal de Chapman Freeborn en Alemania, Russi Batliwala.
Ante el juez también comparecieron la directora financiera, Joaquina Corral, que explicó que su trabajo se limitaba a la promoción de ventas y las operaciones en España; el director administrativo, José Ángel Primo; el director de Ventas, Jaime Salguero; y el gerente de Operaciones, Luis Sierra, que no aportaron datos relevantes a la investigación.
Por otra parte, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicitó que la comparecencia de la representante legal de Chapman Freeborn, Carol Norman, se realice por videoconferencia después de que ésta solicitara que se le permitiera testificar en el Reino Unido mediante una comisión rogatoria.
COMPARECENCIA DE BONO
El otro testimonio que se encuentra pendiente es el del ex ministro de Defensa José Bono, que comparecerá en el juzgado el próximo 14 de abril después de haber renunciado al privilegio de declarar por escrito que le ofreció Grande-Marlaska y al que se acogió su antecesor en el cargo, Federico Trillo, que atribuyó al EMACON la contratación del aparato.
En la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, han comparecido además de Trillo el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares. Todos ellos aseguraron no tener constancia de la existencia de quejas sobre el funcionamiento de los aviones contratados a compañías de la antigua Unión Soviética.
También han testificado el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de un colega en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
