MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha rechazado ampliar la lista de imputados en la causa que investiga las posibles irregularidades que se cometieron en la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló en mayo de 2003 causando la muerte de 62 militares españoles, más allá de los cinco mandos militares que comparecieron en la última semana del junio por un presunto delito de homicidio por imprudencia.
De esta forma, el instructor deniega la solicitud de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otro grupo de víctimas que le pidieron la imputación, entre otros, del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el teniente general Luis Alejandre Sintes; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), el teniente general Eduardo González-Gallarza Morales; y dos responsables de la compañía intermediaria Chapman Freeborn.
En un auto notificado hoy en respuesta al recurso de reforma planteado por esta parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca que "las condiciones y circunstancias de la contratación" del avión siniestrado "gravitaban" sobre el Estado Mayor Conjunto (EMACON), por lo que la imputación de otros miembros del Ejército resulta "ajeno a la dogmática penal". Según explica, la imputación únicamente se puede dirigir a "quienes ostentaban alguna responsabilidad directa por disposición legal, o en base a las funciones y responsabilidades que les eran inherentes".
En relación con los empleados de Chapman Freeborn, cuya imputación solicitaban las familias, el juez señala que se trata de "meros trabajadores, sin intervención directa, en parámetros de poderes decisorios generadores de la responsabilidad penal que se actúa".
Finalmente, Grande-Marlaska rechaza realizar "valoración complementaria" alguna respecto a las alegaciones realizadas por la Asociación con respecto al ex ministro de Defensa Federico Trillo, al que no atribuyó responsabilidades penales en la causa.
CINCO IMPUTADOS.
El pasado 20 de mayo, el juez imputó indiciariamente al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
Los otros tres mandos militares que comparecieron en el Juzgado Central de Instrucción número 3 como imputados fueron el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
REAPERTURA DE LA CAUSA.
La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska.
Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares.
También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de los cadáveres, que se encuentra en los trámites previos al juicio oral.
