Actualizado 03/05/2007 22:34 CET

ANV.- La Fiscalía impugna en Navarra once listas, entre ellas la del Parlamento, pero no la de Pamplona

PAMPLONA/MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha impugnado ante el Tribunal Supremo once candidaturas que Acción Nacionalista Vasca ha presentado en Navarra para concurrir a las elecciones del 27 de mayo. Se trata de la lista al Parlamento de Navarra y de diez candidaturas a otros tantos municipios entre los que no se encuentra Pamplona.

La Fiscalía ha decidido impugnar siete candidaturas menos que la Abogacía del Estado, que ha presentado un escrito ante el Supremo para pedir la ilegalización de 18 candidaturas (Parlamento de Navarra y 17 municipios).

En total, en País Vasco y Navarra la Fiscalía ha impugnado 110 de las 256 candidaturas de ANV, formación que ha presentado en la Comunidad foral de Navarra un total de 53 listas.

Además de la lista al Parlamento, la Fiscalía ha impugnado las candidaturas municipales en Barañáin, Tudela, Anue, Aoiz, Areso, Bakaiku, Imotz, Larraga, Ultzama y Viana.

Entre las listas recurridas no está, por tanto, la del Ayuntamiento de Pamplona, en la que aparece como cabeza de lista Mariné Pueyo, ex concejal de HB y ex parlamentaria foral, así como otros nombres ligados a plataformas ilegalizadas por el Supremo en 2003.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, afirmó hoy en rueda de prensa que la Fiscalía cumple con "su compromiso de hacer vigente y aplicable la Ley de Partidos" y explicó que las impugnaciones contra las listas de ANV, partido inscrito en 1977 y cuyos estatutos repudian la violencia, se apoyan en que en las mismas figuran candidaturas que son "materialmente continuidad" de Batasuna o de otros partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo.

Para ello, la Fiscalía cuenta con "pruebas directas" que acreditan la contaminación de las listas, como la documentación incautada el pasado 27 de abril a Gorka Murillo, que se encuentra en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Entre los indicios citados por el fiscal para considerar que las candidaturas son fraudulentas, figura el elevado número de listas presentadas por el partido para participar en las elecciones municipales y forales, a pesar de la escasa militancia de la que cuenta ANV.

CRITERIOS DE LA FISCALÍA

Conde-Pumpido apuntó que "la convicción" de la presencia de Batasuna en las candidaturas se fundamenta en criterios de carácter cuantitativos y cualitativos. Los primeros se basan en la existencia de al menos tres personas vinculadas a Batasuna para entender que el conjunto de la lista resulta afectada, mientras que los segundos se refieren a que algunas de esas personas tengan un cargo relevante en la formación ilegalizada.

"Se trata de criterios razonables que pueden ser o no compartidos por el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado coincide en la vía de la Fiscalía, aunque no en el número de candidaturas impugnadas", señaló, al tiempo que matizó que "en casos de duda ha prevalecido el derecho fundamental" de aquellos candidatos exentos de cualquier vinculación con Batasuna.

En este sentido, indicó que en las candidaturas con presencia relevante de Batasuna se ha podido determinar que el conjunto de la lista ha resultado contaminada, mientras que no se ha podido actuar contra aquellas listas en las que no se han detectado integrantes vinculados a la organización ilegal.

RESPETO A LOS DERECHOS

Preguntado por la negativa de la Fiscalía a impugnar ANV como partido, el fiscal manifestó que el Ministerio Público está obligado a actuar con criterios "estrictamente jurídicos", respetando "los derechos constitucionales y fundamentales de los candidatos que se presentan en las listas, salvo en los supuestos en los que existan pruebas de que esa candidatura es manejada por un partido ilegal".

En relación con el informe propio sobre las candidaturas de ANV que tiene previsto presentar el PP ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, el fiscal general agradeció "la colaboración" de los populares por aportar datos, aunque insistió en que la posición del Ministerio Público al respecto fue fijado con criterios jurídicos.