Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo
PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Navarra considera que la modificación de la ley foral del derecho a la vivienda en Navarra, que impide que las viviendas de protección oficial en alquiler puedan perder esta calificación, se adecua al ordenamiento jurídico.
El Consejo ha elaborado un dictamen sobre esta ley, tras una petición planteada por UPN, y ha concluido que la modificación legal, que incluye su aplicación con carácter retroactivo, "encaja con la finalidad pretendida por la norma y expresada en el preámbulo, cual es la de consolidar un parque de vivienda protegida en alquiler, reforzando su función social". "A juicio de este Consejo la medida es adecuada a la finalidad pretendida y responde a la función social reconocida en el artículo 47 de la Constitución", señala en el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press.
El Consejo de Navarra incide en que "el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución no se presenta en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho privado de carácter absoluto, más bien al contrario, el derecho de propiedad se configura en nuestro marco constitucional y legal como un derecho delimitado por la función social atribuible al bien que dicha titularidad tenga por objeto". "La vivienda constituye un bien susceptible de apropiación individual con entidad propia, independiente de cualquier otro, al que, por mandato constitucional, corresponde servir a la satisfacción de la necesidad de contar con un cobijo estable, digno y adecuado. En consecuencia, dada la intensidad del bien jurídico-público a satisfacer, resulta razonable entender que la delimitación institucional del derecho de propiedad sobre la vivienda pueda ser, en su configuración legislativa, de mayor incidencia que la correspondiente a otros bienes", expone.
En este sentido, afirma que, "a la vista de los mandatos contenidos en los artículos 33 y 47 de la Constitución, resulta evidente que en el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda existe un interés general que los poderes públicos deben procurar satisfacer, y a cuya consecución se dirige el precepto estudiado al tener como finalidad el mantenimiento del régimen de alquiler, evitando que las personas inquilinas puedan verse afectadas, máxime teniendo en cuenta que tratándose de alquileres sociales y/o asequibles se tratará de personas que se encuentran o bien en situaciones vulnerables y en todo caso de rentas bajas".
Incidiendo en su argumentación, el Consejo señala que la modificación legal aprobada "constituye una medida proporcional a los fines perseguidos y comporta una carga que se estima no excesiva, pues debe tenerse en cuenta que afecta únicamente a viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible, siendo el único efecto de la supresión del apartado 10 del artículo 7 de la ley que dichas viviendas se mantengan en dicho régimen de alquiler, esto es, supone el mantenimiento de la situación, consiguiendo así el fin pretendido y posibilitando que personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda digna y mantenerse en ella". "Se evitan, por otro lado, posibles movimientos especulativos, prohibidos en el artículo 47 del texto constitucional", añade.
Sobre el carácter retroactivo de la ley, el dictamen recoge que "si los efectos de la norma se produjeran exclusivamente a partir de su entrada en vigor, la eventual enajenación de las viviendas que actualmente se encuentran destinadas al alquiler social podría ocasionar una reducción de dicho parque residencial, comprometiendo así la consecución de la finalidad de interés general que justifica la medida".
El Consejo considera que "la medida presenta un ámbito de aplicación limitado a las viviendas protegidas destinadas al arrendamiento social cuyo régimen de protección continúa vigente, sin que resulte aplicable a aquellas viviendas respecto de las cuales dicho régimen ya se haya extinguido".
Asimismo, el Consejo destaca que la medida "responde a una finalidad de interés público cualificada, consistente en preservar el parque de vivienda protegida en alquiler, evitar su cambio de destino, garantizando así el acceso a una vivienda digna y asequible". "En este sentido, con los argumentos expuestos y con los datos con los que contamos, no podemos afirmar que la medida resulte desproporcionada, esto es, que constituya una carga excesiva para los posibles afectados", considera.
No obstante, el Consejo, que constata que el preámbulo de la ley "delimita con claridad la finalidad perseguida por la norma, la cual se halla debidamente fundamentada en una razón de interés general", advierte "una deficiencia de técnica legislativa al circunscribirse la justificación, de forma casi exclusiva, a la oportunidad de la norma y a sus directrices programáticas". "Si bien resulta imperativo que el legislador justifique la necesidad y eficacia del texto en atención al interés público, esta declaración deviene jurídicamente insuficiente a la luz de las exigencias que el artículo 129 de la ley foral 11/2019, de 11 de marzo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral proyecta respecto de los anteproyectos de ley, de forma casi exclusiva, a la oportunidad de la norma y a sus directrices programáticas", señala.