PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Antonio Carabante, delegado de Cruz Roja Navarra, partirá esta tarde a Perú para participar en la recepción y posterior distribución de la ayuda humanitaria que llegue a este país tras el reciente terremoto. Se estima que permanecerán allí al menos un mes.
Carabante ha participado en respuestas similares, por ejemplo a principios de año en las inundaciones que asolaron Mozambique. Es integrante de una Unidad de Logistas de Cruz Roja Española, que envía a Perú mantas, toldos plásticos, tiendas de campaña y pastillas potabilizadoras, según informó la ONG.
Por otro lado, en las últimas horas de ayer, un avión fletado por la agencia Española de Cooperación (AECI) salió para Perú con 31 toneladas de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española, financiada por las Juntas de Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Mérida, además de la solidaridad ciudadana.
La Federación Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja ha realizado un llamamiento previo por valor de 980.000 euros para apoyar el trabajo de la Cruz Roja Peruana en la atención a las victimas del seísmo. Los fondos serán utilizados para proporcionar ayuda humanitaria para 20.000 personas durante cinco meses.
Las necesidades inmediatas de la población son el acceso al agua potable, albergues provisionales, ropa, mantas y apoyo psicosocial. Según Peter Rees, director de gestión de desastres de la Federación Internacional de Cruz Roja, una de las necesidades más acuciantes es el alojamiento temporal para protegerse del frío. Parte de los fondos se destinarán también a la ayuda psicosocial que necesitarán las víctimas para afrontar el trauma de haber vivido una catástrofe como esta.
El terremoto que sacudió Perú el pasado miércoles ha causado graves daños sobre todo a las viviendas y a las infraestructuras de la zona afectada. Según datos oficiales cerca de 500 personas han muerto y 800 están heridas. Más de 17.000 viviendas han sido destruidas. Se estima que la ciudad de Pisco, con una población de 54.000 habitantes, ha sufrido la destrucción del 70 por ciento de sus infraestructuras.