PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral para crear la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, con el objetivo de "prevenir e investigar posibles casos de corrupción, fomentar las buenas prácticas y preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del sector público de Navarra".
Según el cuatripartito, la finalidad "primordial" de esta oficina es "fortalecer la actuación de las instituciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra para evitar que se produzca un menoscabo moral en ellas y un empobrecimiento económico en la Hacienda Pública redundando en perjuicio de la ciudadanía y en la merma en la calidad de los servicios públicos".
El ámbito de actuación de la oficina abarcaría al conjunto de instituciones que conforman la Comunidad Foral. Asimismo, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción puede actuar sobre empresas y entidades privadas y personas físicas en función de su relación con las Administraciones.
Según la proposición de ley, la oficina se articularía en torno a cuatro grandes principios que constituyen sus ejes de actuación. La prevención es el primero de ellos. En su desarrollo la oficina velará por la transparencia en la gestión de lo público y la participación de la sociedad civil; supervisará la obligación de rendir cuentas de la gestión de lo público; y promoverá la inclusión y la observancia de un código de buenas prácticas de los cargos electos, cargos de libre designación y empleados del sector público.
INVESTIGACIÓN
La investigación es el segundo eje de actuación, cuyo objeto será identificar "a los responsables de desviaciones en fondos públicos, conflictos de intereses -reales o potenciales-, abusos y desviación de poder, uso no autorizado de informaciones de acceso reservado, aprovechamiento en beneficio particular o de terceros de bienes y recursos públicos, así como de otras conductas irregulares de autoridades, altos cargos y trabajadores del sector público, personas físicas o jurídicas, que pudieran ser causa de perjuicio moral o económico para las Administraciones Públicas".
Una vez finalizada la investigación, cuando en el curso de la misma se detecten indicios de irregularidades administrativas para las que esté prevista sanción administrativa, "la oficina remitirá las investigaciones de forma inmediata a los órganos administrativos competentes para que actúen en consecuencia e impidan que se sigan produciendo dichas irregularidades".
En el supuesto de que en el transcurso de una investigación se descubran indicios delictivos se dará "traslado inmediato de la misma a los órganos jurisdiccionales".
El procedimiento de investigación también podrá concluir con la formulación de recomendaciones al organismo afectado para corregir o evitar disfunciones que afecten a la integridad de la institución y de las personas que la componen.
El control y la evaluación de las medidas de lucha contra el fraude y la corrupción será el tercer eje de acción de esta oficina, según la proposición de ley. Para ello, establecerá canales de coordinación y cooperación estable con otras instituciones a los efectos de cumplir sus objetivos.
"PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES"
Se configura como el cuarto eje que inspira esta ley "la protección de las personas que denuncien conductas sospechosas o prácticas irregulares que produzcan menoscabo moral o económico a nuestras instituciones".
Su finalidad es evitar que se produzcan "empeoramientos de las condiciones laborales o profesionales por haber defendido los valores cívicos de nuestra sociedad". Por lo tanto, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción deberá contribuir a proteger a las personas que denuncien conductas sospechosas de corrupción o prácticas irregulares de conformidad con lo dispuesto en la ley.
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