PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de hoy la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, en la que se recogen 140 prestación y a la que van destinar hasta el año 2011 más de 825 millones de euros. Este documento establece y concreta el derecho subjetivo de las personas a servicios sociales específicos, siempre que necesiten estos servicios y reúnan los requisitos necesarios.
El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, destacó en rueda de prensa que, con el acuerdo aprobado esta mañana, la Comunidad foral "es la primera comunidad española que pone en marcha un proyecto de esta envergadura".
El pasado año 2007, el presupuesto que el departamento de Asuntos Sociales dedicaba a las prestaciones que hoy forman parte de la Cartera ascendió a 141 millones euros. Para este año 2008, previendo la puesta en marcha de este servicio, el Gobierno de Navarra presupuestó 172,3 millones euros.
Para los próximos años, la dotación económica ascenderá a los 207 millones euros en 2009; 217 millones en 2010 y más de 229 millones en 2011. Ello indica que se está incrementado el gasto en más de 88 millones en cuatro años, es decir, que se aumenta el presupuesto dedicado a las prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales en más de un 62 por ciento.
La aportación prevista del Estado como consecuencia de la aplicación de la Ley de Dependencia es de unos 49,6 millones de euros, unos 12 millones al año, lo que supone un 6 por ciento del coste de la Cartera entre 2008 y 2011.
La Cartera, que ha contado con el dictamen favorable del Consejo Navarro de Bienestar Social, del Consejo Navarro de las Personas Mayores y de la Comisión Foral de Régimen Foral, se convierte en el hilo conductor de la ejecución de toda la política social de la Comunidad foral.
La gran novedad de la Cartera de Servicios Sociales es que establece el derecho de las personas a servicios sociales concretos como un derecho subjetivo exigible. Además, concreta este derecho, de forma que tanto la población como los profesionales van a disponer de un instrumento que les permite conocer a qué prestaciones tienen derecho y a cuáles pueden acceder aunque no sean garantizadas; qué requisitos deben cumplir para poder acceder a esas prestaciones; durante qué periodo y horario estará abierto el servicio; en qué plazo la Administración se compromete a dar la prestación; qué cuantía les corresponde cobrar cuando se trata de ayudas económicas, y qué intensidad de servicio como mínimo puede exigir.
En el ámbito de las personas dependientes, la Cartera va más allá de lo previsto en la Ley de Dependencia. Ésta establece tres grados de dependencia (gran dependencia, severa y moderada), cada una de ellas con dos niveles (1 y 2), y prevé una aplicación progresiva, de forma que en el año 2007 se protegería a los grandes dependientes, en 2008 y 2009 a los dependientes severos de nivel 2, en el año 2010 y 2011 a los dependientes severos de nivel 1, y a partir de 2012 a los dependientes moderados.
Sin embargo, la Cartera prevé que los dependientes severos de nivel 1 entren ya este año para las ayudas para permanencia en el domicilio y para los ingresos temporales en residencia, y el año que viene para los servicios de centro de día y estancias diurnas, y transporte adaptado y asistido.
La Cartera es de ámbito general por dos motivos. En primer lugar, porque recoge todas aquellas prestaciones que son responsabilidad del Gobierno de Navarra, es decir, las que éste ofrece a los navarros, independientemente de dónde residan. Y en segundo lugar, porque aunque las entidades locales tienen competencias en el área de servicios sociales, y respetando su autonomía para diseñar y ofrecer sus propios servicios y ayudas económicas, la Cartera garantiza que exista un mínimo homogéneo en toda Navarra en el ámbito de la Atención Primaria o de los Servicios Sociales de Base.
La Cartera tiene como potenciales destinatarias a alrededor de 150.000 personas de Navarra, es decir, un 25 por ciento de la población. En concreto, unas 10.000 personas corresponderían al área de incorporación social, 1.500 al área de menores, 130 al de víctimas de violencia de género, 32.000 personas con discapacidad, y 106.000 personas mayores.
140 PRESTACIONES EN OCHO ÁREAS
La Cartera de Servicios Sociales divide las prestaciones en dos grupos, según sean garantizadas o no garantizadas. En total, 140 prestaciones, de las cuales, 90 (el 64 por ciento del total), son garantizadas y 50 (el 36 por ciento restante), no garantizadas.
Se estructura en ocho áreas de intervención: atención primaria, atención a la dependencia, atención a las personas mayores, atención a las personas con discapacidad, atención a las personas con enfermedad mental, atención a las personas en situación de exclusión social, atención a menores, y atención a víctimas de la violencia de género.
En este sentido, cabe destacar que en las áreas de atención primaria, atención a la dependencia y atención a víctimas de la violencia de género todas las prestaciones son garantizadas.
Además, cabe resaltar que de estas 140 prestaciones, el 81 por ciento (113 prestaciones) son servicios y el 19 por ciento (27 prestaciones) son ayudas económicas.
PROCESO PARTICIPATIVO
La elaboración de la Cartera se ha llevado a cabo mediante un proceso participativo. Cabe recordar que en septiembre del pasado año se presentó públicamente un documento básico que contenía 78 prestaciones (62 garantizadas y 16 no garantizadas) y que dio lugar a un primer proceso participativo.
A partir de ahí, se elaboró el Anteproyecto de la Cartera, que con 111 prestaciones (71 garantizadas y 40 no garantizadas), contó con un nuevo y segundo proceso de participación que comenzó el 5 de diciembre del mismo año.
Entre ambos procesos se han recibido más de 500 aportaciones, desde todos los ámbitos directa o indirectamente implicados en los servicios sociales. Así, han participado todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el Defensor del Pueblo, los agentes sociales, colegios profesionales, el Consejo Navarro de las Personas Mayores, entidades del área de exclusión como la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza o Fundación Gaztelan, del área de discapacidad como el CORMIN, ANASAPS, ANFAS, AMIMET o ASPACE; del área de menores, como la Fundación Haritz Berri o Sin Fronteras; empresas proveedoras de servicios, profesionales de los servicios sociales, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, además de personas a título particular. En total, se han añadido 218 de esas aportaciones.