PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra ha expresado en su sesión de este miércoles la disconformidad con la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Socialista de Navarra (PSN) sobre la actualización de las deducciones fiscales sobre pensiones de viudedad y de jubilación contributivas bajas.
El Ejecutivo ha indicado, en una nota, que detecta "errores legislativos que crearían inseguridad jurídica" y advierte de que, "en caso de aplicarse de forma estricta, la propuesta reduciría los ingresos presupuestarios de 2018, si bien PSN no especifica qué partidas deberían ser recortadas".
Además, ha señalado que en 2017 el Gobierno foral realizó reformas para subir las deducciones de pensiones de viudedad hasta el SMI de 2017, y equipar a las personas con pensiones inferiores al SMI de 2017 en tres años. "Con la ley que impulsó el Gobierno y el cuatripartito, se va a pasar de los 3,2 millones de euros destinados en 2016 a al menos 23 millones en 2019; y de las 10.000 personas beneficiadas hasta entonces, viudas con pensiones estatales por debajo del SMI, a las en torno a 24.000, dado que se las mejoras se están extendiendo a otras pensiones de jubilación contributivas bajas conforme suben las cuantías", ha expuesto.
Asimismo, con el sistema ya en vigor, ha apuntado el Ejecutivo, "la deducción aplicada a las pensiones de viudedad se vio incrementada el año pasado un 8%, 32 veces la subida general de pensiones del 0,25%, para equipararse al SMI; y en 2018 subirán un 1,8%, siete veces más que las del Estado (0,25%) y tres veces más que el IPC de Navarra (0,6%)".
Según ha añadido, la deducción para el resto de pensiones bajas irá aumentando progresivamente, hasta su equiparación con la deducción de las pensiones de viudedad en el año 2019. "La estimación de gasto, vía minoración de los ingresos por IRPF, es de 61,7 millones en el periodo 2018-2020, por lo que es importante el esfuerzo impulsado por el Ejecutivo foral para mejorar la renta disponible de las pensiones más bajas", recalca.
La propuesta "finalmente, supone una minoración de ingresos estimada en 50,7 millones de euros para el periodo 2018-2020 con un impacto continuado de 33,8 millones de euros a partir de ese año como mínimo, lo que obligaría a desatender otras obligaciones de la comunidad". Por estos motivos, el Gobierno de Navarra se opone además a la tramitación de la proposición de ley en el Parlamento foral.
"IMPRECISIONES TERMINOLÓGICAS, FALTA DE EQUIDAD E IMPACTO ECONÓMICO"
En concreto, según recoge el acuerdo de Gobierno, Hacienda Tributaria ha detectado "imprecisiones terminológicas que afectan a la interpretación de la proposición presentada, dado que dependiendo de dicha interpretación cambia sustancialmente los términos".
Continúa que la proposición de Ley Foral "plantea introducir con efectos de este año 2018 un tercer índice del que extraer el 'mayor valor' para aplicar a la actualización de las deducciones fiscales a las que tienen derecho las pensiones de viudedad y el resto de las pensiones que están por debajo del SMI".
En concreto, al incremento de IPC y el incremento de los salarios medios de Navarra, propone añadir el Salario Mínimo Interprofesional, pero "no queda claro si en este caso se refiere al índice del incremento del SMI o a la propia cantidad del SMI, duda 'no baladí' porque la legislación foral sobre deducciones del IRPF recoge cuantías de referencia para las diferentes pensiones (viudedad, SOVI, etc)". Esas cantidades tienen cometidos distintos: unas fijan límites de rentas, otras importes de deducción fiscal y, en algunos casos, la aplicación estricta del SMI conllevaría la reducción de cantidades ahora por encima de este valor, advierte Hacienda.
En cualquiera de las interpretaciones, ha indicado el Gobierno, la proposición afectaría a los presupuestos de 2018. No obstante, el Ejecutivo observa que no realiza una estimación al respecto ni precisa las partidas presupuestarias que tendrían que ser recortadas para hacer frente a la medida.
Otro argumento del Gobierno para la disconformidad es que no se puede dejar en manos de una institución ajena a Navarra, el Ejecutivo central, la actualización de las deducciones fiscales, dado que el SMI es un indicador de competencia estatal, aplicado además a relaciones laborales, "lo que entra en colisión con las competencias forales en materia fiscal", reza el acuerdo. El Gobierno considera que el SMI no es adecuado para las prestaciones sociales.
Asimismo, el Ejecutivo cree que la proposición socialista supondría un "agravio comparativo" con la población trabajadora que percibe ingresos inferiores o iguales al SMI. En Navarra este colectivo supone 15.521 personas (9,1% del total), 14.840 por jornadas parciales, según un reciente estudio del Observatorio de la Realidad Social. Y también supondría una discriminación respecto a otras prestaciones sociales que se actualizan con el IPC, añade.
El Gobierno de Navarra ha señalado que diferentes partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, entre ellos el proponente, ha solicitado que la revalorización de las pensiones sea como norma general la subida del IPC (1,1%), "sensiblemente por debajo de la subida de 2018 en Navarra para estos colectivos y muy por debajo de la de 2017". "Dado que se está aplicando mayor subida en Navarra, la diferencia se carga a los contribuyentes de la Comunidad foral, y no en la Seguridad Social, que es la competente", ha dicho el Ejecutivo, para señalar que se pregunta por qué el PSN no exige para el Estado las mejoras de Navarra.
