El Gobierno de Navarra pone en marcha un nuevo Consejo de Transparencia

PAMPLONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un Decreto Foral por el que nombra a los siete vocales del nuevo Consejo de Transparencia de Navarra, que se va a constituir tras la reciente modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La nueva Ley Foral 3/2026, aprobada el pasado 23 de marzo, plantea una nueva composición de este organismo, pensada para "reforzar su independencia, el perfil técnico de sus integrantes y su capacidad de respuesta, en el marco de su función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del Ejecutivo foral y de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía".

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, en la rueda de prensa tras la sesión de gobierno, el cambio más destacado es la sustitución de la presencia de los cuatro representantes políticos del Parlamento de Navarra por una persona representante de la Cámara foral de perfil técnico. Además, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) pasa a contar con un representante, en lugar de los tres que tenía hasta ahora, con lo que el número total de vocales de esta entidad se reduce de doce a siete.

De este modo, el nuevo Consejo de Transparencia de Navarra queda integrado por una Presidencia y siete vocalías ocupadas por personal técnico con experiencia en materia de publicidad activa e información pública, a propuesta de designación del departamento del Ejecutivo foral competente en transparencia (en la actualidad, el Departamento de Presidencia e Igualdad), la FNMC, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Universidad Púbica de Navarra (UPNA) y el Parlamento foral.

En concreto, los vocales designados para esta nueva etapa del Consejo de Transparencia son la directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra, Itziar Ayerdi (con la jefa de la sección de Transparencia e Integridad, Julia Fabiana Sireix como suplente); la secretaria general de la FNMC, Berta Enrique (con la técnica Bertha Sánchez como suplente); la letrada mayor del Consejo de Navarra, Pilar Álvarez (suplente, el técnico Rafael Lara); la letrada de la Cámara de Comptos, Gemma Angélica Sánchez (con el secretario general de esta institución, José Contreras, como suplente); el secretario general y asesor técnico del Defensor del Pueblo de Navarra, Carlos Javier Sarasíbar (suplente, la técnica Inés Monreal); el jefe de la sección de Gestión de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la UPNA, Juan Sebastián Grau (suplente, José Antonio Marañón, vicegerente de Régimen Jurídico del PDI y Desarrollo Normativo); y la letrada mayor del Parlamento de Navarra, Silvia Doménech (suplente, el letrado Ignacio Ordoki).

Los siete vocales son nombrados por el Gobierno de Navarra para un período de cuatro años, a propuesta del actual presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, previa designación de las entidades e instituciones a las que representan.

Entre los cambios introducidos por la Ley Foral 3/2026, ha explicado el Gobierno, para el presidente o presidenta de este organismo se ha establecido un mandato de seis años de duración, en lugar de los cuatro vigentes hasta ahora, sin posibilidad de renovación ni continuar en funciones. El presidente o presidenta de este órgano no puede pertenecer a ningún partido político en el momento de su nombramiento.

Las personas integrantes del Consejo de Transparencia podrán percibir remuneraciones por la realización de ponencias para la resolución de reclamaciones. También se podrá fijar una retribución anual para la persona que presida el Consejo de Transparencia y para la que realice las funciones de secretaría.

Además, el Consejo de Transparencia podrá obligar a las Administraciones Públicas a depurar responsabilidades internas en caso de infracciones. Se recoge también expresamente la posibilidad de que parlamentarios y parlamentarias o representantes de entes locales puedan presentar reclamaciones ante este organismo.