PAMPLONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, defendió hoy como "válida y útil" la elección de la casilla de 'otros fines sociales' en la declaración de la renta si bien propuso que se abra una "reflexión" para llevar a cabo una "mejora formal". En concreto, planteó que, dentro de los programas e importes de gasto que ya existen en el Presupuesto para estos fines, la asignación tributaria en el IRPF para fines sociales se identifique con uno específico.
Miranda, que compareció en el Parlamento a petición propia para hablar de este asunto, explicó que en Navarra la legislación vigente fija que los recursos obtenidos de todos los impuestos en general y del IRPF en particular sirven para financiar el conjunto de las obligaciones públicas. "No existen la afectación de una parte de la recaudación a finalidades concretas, salvo regulación legal expresa", dijo.
Según expuso, ello no significa que la Comunidad foral no realice una afectación real de estos fondos, "destinando recursos públicos a actividades de interés social siguiendo las indicaciones realizadas por los contribuyentes". "El Gobierno entiende que esta manifestación de voluntad de los contribuyentes le obliga y le vincula", expuso.
Afirmó que la cuantía de dinero que se destina efectivamente en los Presupuestos de Navarra a fines de interés social es "muy superior" a la que los contribuyentes asignan. En los últimos cinco años, las cantidades asignadas por los navarros ha sido de 15,8 millones y el Gobierno ha destinado a fines sociales 143,2 millones.
Según manifestó, la falta de una regulación específica "no ha perjudicado" en Navarra el destino de lo manifestado por los contribuyentes. Y aclaró que esa opción ha sido "respetada" e "incluso potenciada" por la Administración foral. "El Gobierno de Navarra no se ha quedado con el dinero de los contribuyentes", aseguró, para añadir que no se ha engañado a nadie.
El consejero señaló que la opción elegida por los declarantes sirve de referencia y vincula a la Administración para aplicar recursos públicos a determinados fines. "Es además una referencia mínima ampliamente superada en la asignación presupuestaria real", agregó.
Ofreció datos concretos de la cantidad asignada por los contribuyentes en los últimos años a fines sociales y la asignada en el Presupuesto. Así, detalló que en 2005 la primera fue de 2,2 millones y la segunda de 27,1 millones; en 2006, de 2,5 millones y 22,4 millones; en 2007, de 2,9 millones y 26,7 millones; en 2008, de 3,4 millones y 34,2 millones, y en 2009, de 4,7 millones la cantidad asignada por los declarantes y de 32,5 millones en el Presupuesto.
Miranda destacó así que en las cuentas de Navarra para 2009 los programas definidos como fines de interés social vinculados a la asignación tributaria del IRPF contienen una cantidad superior a 6,8 veces lo que se desprende del 0,7 por ciento del IRPF marcado por los contribuyentes.
El consejero propuso "avanzar" para que no pueda existir "la más mínima duda" en esta materia y en concreto que, dentro de los programas e importes de gasto que ya existen en los Presupuestos para estos fines sociales, la asignación tributaria en el IRPF de Navarra se identifique con alguno de ellos o con uno específico.
No obstante, indicó que ampliar la forma legal no cambiará la realidad ni el trabajo desempeñado por la Administración foral. "Podrá cambiar la forma pero no cambiará el fondo del tema ya que seguiremos cumpliendo la voluntad de los ciudadanos", expuso.
Los grupos en el Parlamento se mostraron favorables a que se pueda elaborar una regulación específica. Carlos García Adanero, de UPN, manifestó que le parece "positivo" que si en el futuro se opta por una regulación más específica "hay fórmulas para hacerlo" y que desde su formación están dispuestos a trabajar por ese "consenso".
Aclaró el portavoz regionalista que no ha existido ningún problema en los 21 años anteriores y que "se ha respetado la voluntad de los ciudadanos".
Ioseba Eceolaza, de Nafarroa Bai, defendió que lo marcado por el contribuyente tiene "carácter finalista" y que no se trata, por tanto de que el Gobierno destine los fondos suficientes a fines sociales sino de "establecer una línea presupuestaria propia" y de que se concreten las prioridades de los programas. Indicó que es "grave" que este asunto no esté legislado.
A su juicio, ha existido una "discordancia clarísima" entre lo marcado por los ciudadanos y lo realizado por el Gobierno. Y opinó que estas asignaciones tienen sentido de "complementariedad", argumento que, según el consejero, es un "error" ya que el "0,7 por ciento no es complementario de los impuestos, sino que forma parte de los impuestos".
Desde las filas socialistas, Juan José Lizarbe indicó que no es grave que no haya existido una legislación concreta, "que sí de carácter general", aunque la consideró "conveniente y necesaria". "Hay que respetar la decisión ciudadana y creemos que se respeta", dijo, para abogar por "organizar ese respeto" para que no exista ninguna duda.
El portavoz de CDN, Juan Cruz Alli, defendió que esas asignaciones no son finalistas sino que marcan una "intención", que "se cumple satisfactoriamente y por encima de la voluntad de los navarros". "Ahora, si se trata de poner un rótulo pues lo ponemos", añadió.
Ion Erro, de IUN, consideró que no se respeta la decisión marcada por los contribuyentes y que "cuando los navarros marcan con un aspa ese debe ser el destino obligado", dijo, para apuntar que es "acertado" que se proponga reflexionar sobre esta materia y darle una solución. Pidió así "más celeridad" y que se regule en este periodo de sesiones.
